El Gobierno estima poco probable aceptar ir a un arbitraje internacional para dirimir el conflicto con la empresa estadounidense Harken Energy, vigente desde el año 2000, por suspender el contrato de exploración y explotación petrolera en el Caribe.
Sin embargo, se desconoce sobre las medidas que podría tomar esa petrolera para resolver la discusión que ya se extiende por varios años.
El viceministro de Ambiente y Energía, Allan Flores, dijo ayer que en este proceso no cabe el mecanismo de arbitraje puesto que esa opción no se especificó en el contrato que firmó el Estado con Harken Energy.
Más bien en este momento ese Ministerio trabaja en la revisión interna de lo que será la resolución administrativa que dé por cerrado el caso al menos en esa vía, explicó Flores.
El funcionario no quiso adelantar criterios de lo que se establece en el documento puesto que primero deberá notificársele a la empresa.
No habló de plazos concretos para la entrega de la resolución, pero estima que será en algunas semanas.
Larga discusión
El problema entre Harken y el Estado costarricense se remonta a 1997, cuando durante la administración Figueres Olsen se promovió la primera licitación para la búsqueda de hidrocarburos en el país, la cual ganó la firma MKJ.
Esta, a su vez, en junio del 2000, le cedió los derechos de exploración a una subsidiaria de Harken, pero en marzo de 2002 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) le rechazó los estudios de impacto ambiental y el Gobierno rescindió el contrato con la petrolera.
Luego de un tiempo de discusiones, en setiembre del 2003 Harken solicitó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (ICSID siglas en inglés), en EE. UU.
Se habló en aquel momento de que los estadounidenses reclamarían a Costa Rica $57.000 millones, pero en octubre del mismo año la propia firma anunció que desistiría de la petición ante el ICSID ante la probabilidad de llegar a un arreglo con nuestro país.
Flores dijo que esa es la única solicitud de arbitraje de la que tenía conocimiento el Minae y no sabe de otra acción pendiente, a pesar de que en marzo de este año el presidente de Harken Energy, Brent Abadie, dijo en un comunicado de prensa que recurriría a ICSID.
El anuncio de Abadie llegó justo después de que el Gobierno desistió de indemnizar a Harken, anuncio que hizo pocos días después de haber dicho que estaba dispuesto a pagar entre $3 millones y $11 millones a los estadounidenses.
El viceministro Flores confirmó que la posición de no pagar a se mantiene y fue una decisión tomada por el Consejo Económico y no por el Minae.
Federico Carrillo, ministro de Hacienda y coordinador de ese Consejo, dijo que él no conoce de ese tema todavía porque asumió el cargo en setiembre y tampoco fue quien tomó la decisión.