El 16 de diciembre pasado, un día antes de salir a vacaciones, el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó un proyecto de ley para cerrar varias instituciones del sector social.
Se trata del expediente 19.834, Ley C.E.R.R.A.R, cuyo objetivo principal es disminuir la burocracia de ese sector, eliminar duplicidades y reunificar funciones, redefinir la rectoría del sector, ahorrar recursos y mantener la función de reducir la pobreza.
Tan fresco que es, aún el plan no ha iniciado los trámites legislativos respectivos.
En su exposición de motivos, el congresista plantea que se deben cerrar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder, antes IDA).
Para asumir las funciones del IMAS, Solís Fallas plantea la creación de una sola institución: el Ministerio de Asistencia Social (MAS), que también asumiría el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf, hoy manejado por una dirección aparte), el Fonabe y el trabajo del Mivah.
Por otra parte, el fundador del PAC considera que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) debe abandonar esas funciones dentro del sector social y quedarse con sus funciones en materia laboral, solamente.
"A pesar de esa virtuosa tradición (de garantías sociales en el país) y de los constantes incrementos en los recursos asignados por el Estado a los sectores más desposeídos de la sociedad, los índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad no han mejorado y en algunos casos más bien se han deteriorado", asegura el parlamentario en su plan.
De hecho, del texto propuesto se desprende que del 2010 al 2015 los recursos destinados a combatir la pobreza se incrementaron en términos reales en un 14,5%, pero la población afectada por pobreza extrema pasó de un 5,8% del total de la población a un 7,2%.
Al cerrar el INVU, la iniciativa del diputado oficialista plantea que sus funciones las asuma el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), hoy en manos de la ministra Olga Marta Sánchez.
Sobre el fondo de tierras del Estado y su asignación a los agricultores, actividad en manos del Inder actualmente, esa función se trasladaría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de acuerdo con una lista de beneficiarios definida por esa cartera.
"Mejorar el impacto de la inversión social (eficacia) y reducir los gastos administrativos derivados de la ejecución de esa inversión (eficiencia), por medio de una reestructuración sustancial de la institucionalidad asociada al combate a la pobreza", destaca como parte de los objetivos de Ottón Solís en el tema.
Con el trámite del expediente, el Congreso deberá hacer las consultas respectivas a los ministerios e instituciones afectadas, según lo establece el Reglamento legislativo.
