Un lucrativo negocio inmobiliario se oculta detrás de las parcelas y lotes que el IDA entrega a familias campesinas.
Mediante un portillo administrativo, las tierras que el Estado compró para ayudar a las familias más pobres terminan convertidas en fábricas y comercios.
La gasolinera de Coyolar, en Orotina, Alajuela; la fábrica Concrepal S. A., también en Orotina y la soda El Trailero en las afueras de puerto Caldera, Puntarenas, son tres muestras de la variedad de negocios que funcionan en los otrora inmuebles que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) entregó a gente pobre.
En estos casos, los campesinos beneficiados por el Estado con lotes gratuitos o dados a precios mínimos, vendieron algunas de esas tierras a empresarios en montos que superan los ¢10 millones.
Así lo admitió el empresario Humberto Calvo Mora, dueño del servicentro Coyolar, quien asegura que compró legalmente el terreno en donde funciona su bomba de gasolina a un parcelero del IDA en apuros económicos.
Además, Calvo construyó otra estación de gasolina, una soda y otros locales comerciales sobre otro terreno, en Salinas Dos, Barranca, Puntarenas.
Ese lote también lo negoció con un beneficiario del IDA.
En venta. Una muestra de cómo se negocian en el mercado inmobiliario las tierras adjudicadas por el IDA, son los anuncios que los beneficiarios colocan en los alambres y las cercas de los proyectos como Mollejones, en Orotina.
Allí, por ejemplo, se ofrece para su venta un lote de 2.000 metros cuadrados en ¢8 millones.
Quienes impulsan esa venta son Manuel López Arrieta y su esposa Celia Víquez Ugalde.
Según explicó López, los beneficiarios del IDA son una pareja de amigos suyos, quienes le vendieron a él y entregaron un poder que permitiría, una vez vencida la limitación de ley, escriturar la tierra a nombre del comprador final.
En esos asentamientos, como Mollejones, El Vivero y Cebadilla, el IDA entregó a los campesinos la tierra gratuitamente o a precios muy bajos.
Con la entrega de estas parcelas y lotes el Estado busca ayudar a las familias rurales para que sean propietarios de su tierra y vivan de lo que cultivan, así como para resolver sus problemas de vivienda.
Con el fin de asegurar que la tierra entregada a esos campesinos sea utilizada realmente para agricultura o vivienda, la Ley número 2.825 (creación del antiguo ITCO en octubre de 1961) estipula que, quienes reciben estos beneficios, tienen una limitación para vender, segregar o traspasar esa propiedad por un período de 15 años.
Sin embargo, buena parte de las parcelas entregadas por el IDA, no se utilizan ni para cultivo, ni para vivienda, sino que se transan como cualquier otra propiedad en el mercado inmobiliario, sin que el Estado reciba algún beneficio.
Para legalizar estas ventas, parceleros y comerciantes, aprovechan un recurso administrativo que permite al IDA "levantar" el plazo de limitación de venta.
De esta manera los lotes y las parcelas adjudicadas por el IDA, se transforman en terrenos legalmente aptos para su venta en el mercado inmobiliario.
Guerra avisada. La investigación de La Nación también reveló casos de personas a quienes el IDA, aún después de comprobar que vendían ilegalmente las parcelas que les adjudicaba, volvió a adjudicarles otras propiedades.
Tal es el caso de Elizabeth Granados Moya quien era la adjudicataria de una parcela en el asentamiento Trujicafé, en la zona de Siquirres, Limón.
En noviembre del 1995 el departamento legal del IDA, aseguró a la junta directiva que Granados Moya vendió ilegalmente la parcela 105 que se le había adjudicado.
Sin embargo, cinco meses más tarde, en marzo de 1996, la misma junta directiva del IDA acordó adjudicarle a ella y a su compañero, Edwin Segura Chavarría, una nueva parcela de 62.000 metros cuadrados en el mismo asentamiento de Trujicafé.
Segura aseguró que su entonces compañera vendió por ¢1,8 millones, la parcela 105 a un contador que vive en Rohrmoser, San José de nombre Luis Cabrera Zúñiga.
La parcela 105 del asentamiento Trujicafé, está inscrita hoy a nombre de Luis Cabrera Zúñiga y de su esposa Miriam Soto Murillo.
Soto dijo que compró esa tierra a la parcelera original, pero alegó no recordar como se concretó la venta sin que hubieran vencido las limitaciones previstas por la ley.