El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) notificó a 73 familias, asentadas de forma ilegal en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos, que deben abandonar el territorio en un mes porque se ubican dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, en la frontera norte.
El asentamiento, afirma la institución, pone en riesgo los ecosistemas del sitio, pues se acreditó deforestación, contaminación de fuentes de agua y presión sobre la fauna silvestre.
La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela y consta en el expediente 25-000857-306-PE. La resolución del Juzgado se ampara en el delito de “invasión a área de protección”. Por su parte, el Minae notificó el 17 de julio.
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La situación fue denunciada por el Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN-SINAC) varios meses atrás. Esta entidad conformó un equipo de trabajo para recopilar información sobre las infraestructuras presentes en Las Chorreras.
En coordinación con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se utilizaron drones para capturar imágenes de la zona y rendir informe a la Fiscalía.
Mariana Jiménez, directora regional del ACAHN, señaló que, además de los daños ambientales, las construcciones y asentamientos ilegales, se acreditaron actividades económicas no autorizadas, como el comercio informal y el tráfico transfronterizo de mercancías.
“Esta situación incrementa la vulnerabilidad de la zona frente al crimen organizado y pone en peligro la seguridad de los funcionarios públicos y de las comunidades costarricenses cercanas a la línea fronteriza”, indicó la funcionaria del Área de Conservación.
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La notificación a la comunidad se realizó en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Carlos, la Policía de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Según detalló el Minae, quien no abandone la zona en el plazo establecido, podría ser procesado por el delito de desobediencia, regulado por el numeral 314 del Código Penal.
Este establece penas de entre seis meses y tres años de prisión.
