"La Corte Suprema de Justicia no busca pensiones de lujo, pero tampoco admitirá pensiones que perjudiquen a la gran familia judicial". Con esas palabras, los magistrados de la Corte Plena rechazaron este viernes el proyecto de ley que los diputados acogieron, hace una semana y media, para reformar uno de los sistemas de pensiones más privilegiados del país: el del Poder Judicial.
Se trata del texto propuesto por la Superintendencia de Pensiones (Supén), el cual contiene propuestas más drásticas para tratar de tapar el hueco de ¢5,3 billones que tiene el sistema.
Aunque en octubre los magistrados habían acordado abstenerse de participar en el debate que se desarrolla en la Asamblea Legislativa para limitar estas jubilaciones, este viernes la Corte entró de nuevo en acción.
En un comunicado de prensa difundido por la oficina de Prensa de la Corte, los altos jueces rechazan que el texto presentado por Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, sea "la mejor opción para rescatar ese fondo".
El nuevo texto, que sustituye el propuesto por los gremios judiciales, aumenta la edad mínima para la jubilación de 62 años a 65 y modifica la forma de calcular el pago mensual por jubilación: actualmente, el monto es equivalente al promedio de los 24 últimos mejores salarios, con la reforma de Supén sería igual al promedio de todos los salarios recibidos por el empleado en el Poder Judicial.
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Además, la Supén propone imponer un tope de ¢3,9 millones a las pensiones, figura que actualmente no existe en ese régimen, donde se otorgan pensiones hasta de ¢9 millones o un poco más.
En el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el más grande del país, las pensiones se calculan sobre al promedio de los 240 últimos salarios, la edad mínima es de 65 años y el tope máximo es de ¢1,5 millones, a menos de que la persona continúe trabajando después de cumplir los años requeridos; en ese caso, puede pedir hasta ¢2,5 millones.
Según estudio actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), para financiar los beneficios que reciben, los empleados judiciales tendrían que cotizar el equivalente a casi la mitad del salario.
Aunque la Superintendencia no les propuso a los legisladores aumentar las tasas de cotización, sí les recomendó pedirles una contribución especial solidaria del 30% a los jubilados actuales.
Esa propuesta fue preparada por la Supén, luego de que los miembros de la Comisión Especial de Pensiones aprobaron una moción, el 5 de marzo, para solicitar la asesoría técnica de la Superintendencia, una vez que se había conocido el hueco actuarial de ¢5,3 billones en el fondo jubilatorio de la Corte.
En la nota difundida este viernes, por los magistrados, estos se sacuden de acusaciones por supuestas negociaciones entre la Corte Suprema de Justicia y la Supén, a raíz de una reunión que tres magistrados sostuvieron con Álvaro Ramos la semana pasada.
"Por acuerdo unánime del Pleno de la Corte, se autorizó a realizar una reunión con el superintendente de Pensiones, señor Álvaro Ramos Chaves, encomendada a los magistrados (Celso) Gamboa, (Carlos) Chinchilla y (Luis Fernando) Salazar para solicitar explicaciones sobre las bases que sustentaban su proyecto, aunado a externarle nuestro rechazo al mismo."
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"En dicha reunión no se negoció ni se discutió apoyo a su proyecto, reiteramos, fue de carácter informativo, expresando el rechazo al texto por él presentado a la Asamblea Legislativa", se explica en la nota de prensa de la Corte.
Además de sacudirse de críticas por las supuestas negociaciones, los magistrados también revelaron que Ramos ya ha tenido reuniones con representantes de los gremios judiciales y que ellos mantienen los canales de comunicación entre la Corte Plena y los foros gremiales.
Luego de que el panel legislativo sobre pensiones acogió el nuevo texto, crecieron las tensiones entre diputados y empleados judiciales, pues estos últimos alegan que hay una especie de traición al acuerdo mediante el cual se delineó el trámite de la reforma a las pensiones, a partir del texto de los gremios.
Eso generó el paro de labores el lunes pasado y una marcha hacia las afueras del Congreso. Un día después, con el voto de 45 legisladores, el plenario de la Asamblea autorizó a la comisión especial seguir viva por cuatro meses más, hasta recibir los productos y recomendaciones de los actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
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En cierta forma, los diputados acogieron a la carrera el texto de la Supén, presionados por el vencimiento del plazo de la Comisión de Pensiones, el 5 de abril. Sin embargo, hicieron suya la nueva propuesta antes de que se extendiera el plazo del foro.
El pronunciamiento de los magistrados de este viernes generó reacción en los diputados de la Comisión Especial de Pensiones, consultados por La Nación.
Johnny Leiva, presidente de la Comisión de Pensiones, recordó que él promovió que en ese panel legislativo se acogiera el texto con las recomendaciones de la Supén y que está seguro de apegarse a las "recomendaciones técnicas y legales de los expertos que tiene la Superintendencia".
"Primero que todo, debemos tener claro que la problemática que existe en el Régimen de Pensiones del Poder Judicial es responsabilidad de ellos mismos, de la Corte y todos los que lo administran", aseguró el socialcristiano.
Tanto como Leiva, Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), insiste en que ya han desfilado por la Comisión los gremios judiciales, que ya se les ha escuchado bastante y que los plazos que la Corte había fijado para entregar los productos del estudio actuarial se han incumplido.
"Yo respeto el razonamiento, pero me gustaría ver el razonamiento. Estoy abierta a ver por qué no están de acuerdo, según la base técnica. Álvaro Ramos dijo que la UCR tendría mayor precisión, pero que el panorama no va a cambiar, porque es en los mismos términos de la sanidad del sistema", comentó Guerrero.
La oficialista añadió que, de igual forma, ya la Comisión tiene el plazo ampliado hasta el 31 de julio y que no se hará nada sin ver los resultados del estudio universitario sobre las pensiones judiciales.