La declaratoria de la obesidad como enfermedad crónica de importancia trajo consigo una normativa para los servicios de salud, sean públicos, privados o mixtos, que ofrecen atender este problema y proponen tratamientos para bajar de peso.
El documento describe lo que no debe ofrecerse como tratamiento, por considerar que representa un riesgo para la salud y la vida del paciente. Según estas disposiciones, una persona con sobrepeso u obesidad no debe permitir:
- Que profesionales no facultados prescriban tratamientos de cualquier tipo para perder peso.
- Prescripción o uso de diuréticos, hormonas tiroideas, anorexígenos, vacunas, extractos tiroideos, inyecciones de enzimas y otros productos similares.
- Tratamientos y productos sin sustento científico, que provoquen pérdida de peso acelerado, más de un kilogramo por semana. Esto pone en peligro la salud o la vida de las personas.
- Utilización o promoción de procedimientos que no hayan sido aprobados mediante investigación clínica o reporte casuístico.
- Prescripción de medicamentos que no cuenten con el registro sanitario correspondiente.
- Uso de hormonas ante la ausencia de patología asociada y previa valoración del riesgo-beneficio.
- Prescripción de fármacos de manera generalizada para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.
- Promoción o indicación como posible tratamiento el uso de aparatos de ejercicio electrónicos o mecánicos, aparatos térmicos, de masaje, baños sauna y otros equipos que no han demostrado eficacia terapéutica.
- Tratamiento exclusivamente quirúrgico, sin la evaluación y acompañamiento de un equipo interdisciplinario.
- Liposucción y lipoescultura como tratamientos para el sobrepeso y la obesidad.
