La presidenta de la República, Laura Fernández, cuestionó si existe una red de prostitución entre civiles y reos recluidos en centros penitenciarios costarricenses. Así lo expuso durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial.
El planteamiento surgió a raíz de las declaraciones del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien anunció la prohibición de visitas íntimas de personas civiles a más de un privado de libertad.
El ministro indicó que se identificó a una persona que hace visitas íntimas a cuatro privados de libertad.
“Pero, ¿eso no será ya una red de prostitución?, porque no creo que usted sea tan salada de tener cuatro novios y que los cuatro estén tras las rejas“, expresó la mandataria.
El ministro Aguilar, además, calificó como una “barbaridad” el actuar de los trabajadores sociales encargados de certificar los vínculos formales entre visitantes y reclusos.
A la vez, anunció siete medidas de acatamiento inmediato para la Policía Penitenciaria y la Dirección General de Adaptación Social:
- Retiro inmediato de todos los televisores ubicados en las celdas de las personas privadas de libertad en todos los centros penales del país.
- Suspensión total de las visitas íntimas entre personas privadas de libertad. Según el jerarca, esta medida responde a una reforma vía decreto que se encuentra en elaboración y se espera sea firmada por la presidenta a más tardar el próximo lunes.
- Traslado inmediato de los privados de libertad considerados líderes de ámbitos hacia otros centros penitenciarios. La medida busca neutralizar su control y poder sobre otros reos.
- Orden a la Policía Penitenciaria para rotar de forma inmediata a todos los directores de los centros penales del país. Aguilar señaló que no permitirán que se arraiguen a una sola cárcel por años.
- Instrucción a la dirección de la Policía Penitenciaria para rotar y sustituir de inmediato a los oficiales destacados en el ámbito de máxima seguridad en La Reforma.
- La Unidad de Inteligencia Penitenciaria, en conjunto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), analizará los estilos de vida, enriquecimiento injustificado y conductas sospechosas de funcionarios penitenciarios. Ante cualquier indicio irregular, se procederá con la denuncia inmediata ante las autoridades judiciales.
- Los funcionarios penitenciarios, personal técnico, policías y jefaturas que sean detenidos por intentar introducir drogas o artículos ilícitos, o por colaborar con bandas criminales, serán recluidos en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco).
“En las cárceles no mandan los jueces de ejecución de la pena, no manda la Defensoría de los Habitantes, no mandan las bandas criminales, ni los funcionarios corruptos. En las cárceles manda el gobierno, manda el Poder Ejecutivo, le guste a quien le guste, y así será en adelante”, concluyó el ministro Aguilar.