Hace 27 años Saúl Arcia depositó todos sus sueños y ahorros en un proyecto que gestó desde mucho antes.

Fue así como en una esquina de Calle Blancos instaló lo que empezó como una panadería artesanal, que poco a poco se consolidó en un pequeño minisúper sin perder el toque familiar.

Para esa misma época, otro proyecto, pero en este caso del Estado, parecía haber quedado en el olvido, por falta de recursos y voluntades: el tramo norte que cerraba el anillo de la vía de Circunvalación.

Lo que Arcia no imaginó es que ese sueño olvidado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desde hace 40 años, hoy, lo obligaría a renunciar al suyo.

La edificación donde se encuentra la panadería de don Saúl es uno de los 186 terrenos que se deben expropiar para levantar ese último tramo de 1,4 kilómetros, de la carretera que por años han esperado los habitantes de San José.

La principal zozobra de don Saúl se aloja en lo complicado de su caso: su negocio se encuentra en una propiedad que él alquilaba y por la cual el MOPT ya le canceló desde el 2017, a la propietaria la adquisición, sin que a él se le reconociera más que un monto para el traslado de sus equipos.

“Si yo tuviera 25 años sería diferente, pero yo ya estoy cansado, esto no es un negocio grande, pero es mi vida, aquí la gente conoce este punto, nos conoce, tengo una clientela”, comentó el comerciante de 77 años.

Según dijo, su principal preocupación tiene que ver con la liquidación de las siete personas que trabajan con él, pues ellos incluso ya acudieron al Ministerio de Trabajo para asesorarse sobre sus derechos y el monto que debería cancelar como patrono es de más de ¢10 millones.

A su preocupación por no tener el dinero para liquidar a sus trabajadores, se suma la inquietud de no saber cuándo deberá desalojar el local, pues a finales del año pasado le indicaron que podía tomar de dos a tres años. Además, experimenta la incertidumbre sobre cuál sería su futuro, al tener que emprender nuevamente una actividad a su avanzada edad.

Ahora espera que rinda frutos el proceso administrativo para el cual debió contratar un abogado, de lo contrario, acudiría a la vía judicial para presentar el reclamo por la actividad comercial que no le ha sido reconocida.

El caso de don Saúl es solo uno de la maraña de situaciones que afrontará el MOPT una vez que inicie los desalojos y entrada en posesión de los terrenos.

Invasiones, inquilinos que quedaron al garete, reclamos por pagos pendientes y todo tipo de reclamos, forman parte de la variedad de eventuales escollos que deberán sortear las autoridades en ese último tramo del trazado de la Circunvalación norte.

Optimismo en camino

Hace dos meses, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, anunció que los procesos expropiatorios para este último tramo estaban casi finiquitados.

Esa situación convertiría esa última etapa del proyecto en un caso excepcional en la ejecución de infraestructura.

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Empero, los reclamos comerciales y desalojos ya han pasado la factura en otros casos, incluso en esta misma obra, tal y como pasó con las expropiaciones de la fase I en la Uruca donde las disputas legales con las empresas Agromec y HyH, generaron casi dos años de atraso al proyecto, o bien, lo ocurrido en el Triángulo de Solidaridad donde fue necesario el desalojo de cientos de familias para dar paso a la intersección de tres niveles que atravesará la ruta 32.

A pesar de eso, en el MOPT el panorama frente a la última etapa es visto con optimismo.

De acuerdo con el encargado de la oficina de adquisiciones de bienes inmuebles, Alex Ureña, del total de terrenos necesarios, 107 ya están inscritos o con entrada en posesión por parte del Estado.

Según dijo, otros 41 procesos se encuentran “en etapas avanzadas". Esto quiere decir a la espera de que un juzgado dicte la entrada en posesión.

Sin embargo entre estos podría haber reclamos como el caso de Arcia, que eventualmente podrían llegar al Juzgado Contencioso en caso de que no se logren acuerdos por la vía administrativa.

Los expedientes restantes se encuentran en la notaría del Estado, en procesos de pago o para realizar los traspasos de escritura.

“Sí es cierto que hay inmuebles que se inscribieron hace bastantes años, si los inmuebles ya están inscritos hay una particularidad con los inmuebles del Estado y es que nadie puede ejercer ocupación”, aseguró Ureña.

De acuerdo con Ureña, en el momento en que se realicen los desalojos la situación quedará en manos de la Unidad Ejecutora del proyecto, lo cual, también, debe ser dictaminado por un juez.

Actualmente, para ese último tramo de Circunvalación norte aún debe amarrarse el financiamiento.

El trayecto de 1,4 km pretende unir la intersección a tres niveles que actualmente se levanta sobre la ruta 32, con la intersección hacia Walmart, cerca de las instalaciones de la empresa Coca Cola, y se complementaría con las otras cuatro unidades funcionales que actualmente se construyen en Tibás y La Uruca.

El costo de este tramo es de $70 millones y sería financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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La meta del Gobierno es que el arco norte, de 5,5 kilómetros quede listo al finalizar esta administración, en el 2022.

Invasión en terreno del MOPT

Valeria Vega posee una oficina de contabilidad justo al frente de donde culmina la carretera que viene del cruce de Guadalupe.

La casa donde tiene su despacho pertenecía a su abuela, a quien el MOPT le pagó por el inmueble.

“Esta oficina ha estado aquí desde hace 30 años, esta propiedad era de mi abuelita, a ella le ofrecieron y le pagaron, ahora que pasó el tiempo nos damos cuenta que cometió un error porque aquí adentro ella tenía tres casitas de alquiler y ella cuando le pagaron compró un lote y se mudó, pero dejó a todas las personas ahí, entonces eso ha sido un problema porque se empezó a meter demasiada gente, empezaron a construir más, porque ella los dejó ahí y no les siguió alquilando porque eso pasó al ser del MOPT”

Según dijo, su papá notificó esa situación a las autoridades, pero no se han tomado acciones y ni siquiera se tiene el detalle de cuántas familias viven en la parte trasera de la propiedad.

Vega aseguró que ellos se han mantenido en la oficina, pues en el momento que se le pagó a su abuelita no se le canceló un “derecho de llave”, por la actividad que ejercía su papá y que ahora ella tiene a cargo.

Aseguró que su intención ahora es continuar con ese reclamo pues ya tienen una clientela establecida a lo largo de los años, por lo que un eventual traslado le representaría una afectación a su actividad comercial.

“No me voy hasta que tenga el tractor en la cabeza”

A unos pocos metros en una pequeña casa de madera, vive Alfredo Salazar con su compañera y seis niños.

Esa vivienda la alquilaban, pero desde hace 5 años viven gratis, pues el MOPT ya le pagó al dueño por la expropiación y al igual que en el caso de la abuela de Valeria Vega, dejó a los inquilinos viviendo en la propiedad que pasó a ser del Estado.

Salazar aseguró que hace un tiempo fueron a tomar fotos, pero no han regresado, no conoce de fechas de desalojo, procesos administrativos ni órdenes de inicio, pero tiene claro que no piensa irse hasta que ya no quede alternativa.

“A mi lo que me preocupa es que no tenemos para dónde irnos, nadie ha venido a decirnos nada pero, pero yo aquí pienso quedarme hasta que ya tenga el tractor en la cabeza”, aseguró mientras su mujer lo respaldaba.

“Me tienen que volver a expropiar”

Jazmín Guerrero y su familia también deben empezar la búsqueda de un nuevo hogar si los planes del Gobierno se concretan pronto.

Sin embargo, asegura que su caso es particular, porque si bien a su papá ya la pagaron la vivienda en la que vive con su hijo y su pareja, ella ya acumula una década en el lugar por lo que asegura emprenderá una batalla legal en reclamo de un derecho que según ella adquirió por el tiempo que lleva en la vivienda.

Consultado al respecto por este caso en particular, el encargado de la oficina de adquisiciones de bienes inmuebles del MOPT, Alex Ureña, aseguró que la figura que reclama Guerrero, conocida legalmente como usucapión, no se aplica cuando se trata de propiedades del Estado y siendo que ya la administración pagó la vivienda a su padre, la casa en la que vive dejó de ser propiedad privada.