Sin planos, ni estudios ambientales ni drenajes previstos... así comenzó a construirse la trocha fronteriza en diciembre de 2010.
Aquella era una obra de emergencia, que empezó a trabajar el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), en respuesta a la invasión de Nicaragua a isla Calero.
Según un informe de la Contraloría General de la República, de diciembre de 2012, para construir la vía, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) trasladó ¢27.000 millones previstos para puentes y recarpeteo de otras rutas nacionales a su presupuesto de “obras por imprevisilidad”.
De esos fondos, se llegaron a ejecutar ¢19.200 millones en la ruta, además de ¢2.500 millones de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
La urgencia; sin embargo, se disipó con las denuncias por anomalías en el manejo de fondos y contratos, con la demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, así como por el deterioro constante de la vía.
Durante la campaña presidencial para las elecciones de 2014, el entonces candidato por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, les ofreció a los vecinos de la frontera norte terminar el camino.
“Hay que hacer lo que sea necesario para que este proyecto se termine y se termine bien, con controles que eviten las irregularidades del pasado”, expresó Solís, el 10 de marzo de 2014, a pobladores del cantón de Los Chiles, Alajuela.
El ya investido como mandatario, fue menos contundente.
“Tengo una sensación agridulce. Por un lado contento de que haciendo un gran esfuerzo, se puede mejorar lo hecho, pero, por otro, preocupado porque es mucho más el trabajo que tenemos que hacer del que yo esperaba”, manifestó.
Ahora el plan, pareciera ir encaminado al olvido.
