El juez cuarto de Instrucción de San José, Ewald Acuña Blanco, encargado de la investigación sobre la quiebra del Banco Anglo Costarricense (BAC), fue víctima de un atentado con arma de fuego la semana anterior, el cual investigan autoridades judiciales y de inteligencia.
Así lo confirmaron ayer a La Nación fuentes ligadas al caso que pidieron no ser identificadas. Según la versión, Acuña recibió un disparo en su pecho, el cual no lo penetró gracias al chaleco de protección que portaba y a la acción de sus dos guardaespaldas.
El atentado, en el que aparentemente participaron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, sucedió en San Jerónimo de Moravia a principios de la semana pasada y en horas de la noche.
Se trata del tercer intento en contra de esa autoridad judicial, sin embargo es el primero contra su propia humanidad.
Ayer se trató de consultar la versión de Acuña, pero este prefirió no hacer comentario alguno sobre el asunto. El sábado, la directora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Lineth Saborío, dijo desconocer el hecho. No obstante aceptó que hace varios meses habían investigado un tiroteo contra la casa del funcionario.
En el Juzgado Cuarto se tramitan aparte del caso Anglo, una serie de casos "calientes", ligados a investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero, por lo que los investigadores del caso estudian todos los ángulos posibles de dónde pudo provenir la agresión.
Tres disparos
La semana pasada, el juez se dirigía por la noche a su casa cuando los dos desconocidos la emprendieron a balazos en su contra. En el acto, una bala, de al menos tres que fueron percutidas, dio contra el chaleco blindado. El tiro es calibre nueve milímetros.
En la acción, según narraron las fuentes, los guardaespaldas -que son miembros de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)- corrieron a Acuña y lo protegieron para evitar una consecuencia trágica.
La Nación conoció que desde hace dos meses las amenazas contra el juez se incrementaron. Incluso, en el Poder Judicial se investiga la posibilidad de que se hayan contratado los servicios de sicarios colombianos para atentar contra el funcionario.
Se trató de conocer la versión de Mario Charpantier, director de la DIS, pero ayer no se encontraba en su casa y su teléfono celular permaneció apagado.
Carta de Laclé
Por otra parte, ayer el diputado liberacionista Ottón Solís, miembro de la comisión legislativa que investigó la debacle del BAC, insistió en que al exministro de la Presidencia (1990-1994), Rolando Laclé, no se le deberá nombrar en cargo público alguno y pidió al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que lo expulse de la agrupación.
La aseveración surgió luego de que en la prueba traída al país hace 10 días por el juez Acuña desde Estados Unidos, aparece una carta de recomendación de Laclé a los hermanos José Luis, Mariano y Enrique López y a su socio, Juan Antonio Robles, que estos habrían usado para tramitar un crédito para sus empresas en un banco francés. Laclé aseguró a la comisión que los López nunca usaron su misiva.
Luis Fishman, jefe de proyección política del PUSC, señaló que le causa extrañeza la preocupación de Solís por el gabinete de un próximo gobierno socialcristiano y sostuvo que el diputado está viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Para el dirigente, el candidato de su partido incorporará en su equipo a las personas que considere apropiadas, independientemente de posturas políticas de la Asamblea Legislativa.
