El Ministerio Público investiga al exdirector del OIJ Rafael Ángel Guillén, como consecuencia de una denuncia que interpuso una pareja que presuntamente invirtió $300.000 para crear la sociedad Licenciado Rafael Ángel Guillén Seguridad Profesional S. A.
La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó que el asunto está en la Fiscalía de Fraudes y se tramita desde julio del 2003 contra Guillén Elizondo y su hijo Rafael Ángel Guillén Monge, presidente y vicepresidente de la sociedad.
El asunto trascendió después de que el viernes 2 de abril dos fiscales de Fraudes y un juez penal de San José, con el apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaron durante una hora la oficina de Guillén Monge, en Zapote, San José.
Otra diligencia judicial que debían efectuar ese día en una vivienda en San Francisco de Dos Ríos, San José, se dejó sin efecto porque no había nadie en la casa, según el acta de allanamiento.
Cuando se consultó a Rafael Ángel Guillén Elizondo dijo: “Por respecto a los tribunales no me referiré. Es un asunto en investigación y no he declarado”.
El exjerarca del OIJ aclaró que el sitio allanado no es su oficina y afirmó: “En su momento me referiré punto por punto a cada uno de los hechos, pero por el respeto al Ministerio Público todas las explicaciones la haré en los tribunales, no en los medios”.
También se llamó al Wílliam Guido Madriz, abogado de Guillén en este asunto, pero no devolvió las llamadas telefónicas.
En tanto, Rafael Ángel Guillén Monge tampoco quiso referirse al caso, por “respeto a los tribunales” y porque “se trata de hechos no comprobados”.
Relación con inversionista
La denuncia contra los Guillén la presentaron, en junio del 2003, Manuel Bernal Bernal y su esposa, María Elsy Trujillo Hoyos, originarios de Colombia.
Ambos llegaron a Costa Rica en 1999 y Eduardo Sierra Sánchez –un amigo– los contactó con Rafael Ángel Guillén Elizondo para que les ayudara con los trámites migratorios.
Manuel Bernal relató ante la Fiscalía que en ese momento supieron que el exjefe policial buscaba socios para establecer una empresa de seguridad.
Agregó que llegaron a un acuerdo para el aporte de dinero en efectivo, para lo cual Guillén y su hijo les daban recibos donde supuestamente constaba la inversión. Sin embargo, advirtió que los recibos tenían una redacción que, en concreto, no especificaban que era por concepto de inversión en la compañía de seguridad.
El denunciante expresó que otra parte del aporte fue en equipo de cómputo, cajas de seguridad y el menaje de la oficina.
Bernal manifestó que aceptó invertir sin ser socio de la compañía porque “una vez constituida la empresa, Guillén, en su calidad de abogado y notario, nos iba a endosar la mitad de la acciones”.
En su declaración indicó que, debido a que la empresa no generó dividendos, su esposa, Elsy Trujillo, laboró en la compañía, período cuando descubrió unas supuestas anomalías.
Agregó que en ese momento convino con Guillén para dar un tiempo prudencial, pero como no logró recuperar la inversión presentó la denuncia.