EscucharUna auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) identificó los riesgos que amenazan la futura concesión del puerto de Caldera, por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
El informe señala que el Incop incumple con aspectos requeridos para garantizar la continuidad del servicio portuario “frente al cierre de los contratos de concesiones vigentes y al proceso de modernización de Puerto Caldera”.
Actualmente, los servicios se brindan mediante contratos que están próximos a finalizar. El contrato de concesión de gestión de servicios públicos de la Terminal de Puerto Caldera y el de obra pública con servicios públicos para la Terminal Granelera finalizarán el 11 de agosto de 2026. Por su parte, el contrato de gestión de servicios públicos para los barcos remolcadores concluirá el 12 de diciembre de ese mismo año.
Atrasos en la futura concesión
De acuerdo con la Contraloría, el cronograma y el plan de trabajo de la nueva concesión registran un “riesgo de atraso alto” debido a los plazos reducidos para cumplir con los requisitos previos y la transición inicial, así como por la posibilidad de que surjan imprevistos, como el cierre institucional de fin de año. Estos factores ponen en riesgo “la ejecución oportuna de la modernización y equipamiento del puerto”, en vista del vencimiento de los contratos actuales.
La Contraloría también advirtió sobre cambios en los plazos. Originalmente, el cierre de ofertas estaba previsto para el 3 de marzo del 2025, pero debido a objeciones de oferentes y ajustes al cartel, la fecha se trasladó primero al 19 de mayo y luego al 6 de junio. En total, el proceso se ha atrasado 95 días naturales.
Según el informe, si estos puntos no se corrigen, el Incop no contará con un adjudicatario que se encargue de la modernización del puerto, lo que mantendría las condiciones actuales de rezago y congestión, “ya que el puerto continuará operando con las mismas limitaciones de infraestructura y equipamiento que hoy presenta”.
Cuellos de botella en el cierre de contratos
Para la gestión del cierre de los contratos vigentes, el Incop elaboró un “Protocolo de Salida” que fue presentado recién en enero de 2025 a la Gerencia General, con el fin de coordinar su revisión con la Asesoría Jurídica y la Unidad Técnica.
Asimismo, un programa de trabajo vinculado al protocolo fue presentado a la CGR hasta mayo de este año, en el cual se detallan las actividades, responsables, estado de ejecución y avance porcentual del proceso.
La auditoría advirtió de que la alta concentración de tareas hacia el final del periodo contractual, identificadas en el protocolo, generaría “cuellos de botella”, ya que el 38% de las actividades está previsto para ejecutarse entre julio y agosto de 2026, lo que comprometería el inicio de la nueva concesión, prevista para agosto de 2026.
Además, se identificó una “falta de coordinación interinstitucional” entre el Incop y entidades estatales que brindan servicios en el puerto o que deben emitir permisos para la nueva concesión.
El informe también señala que el Incop excluyó el servicio de remolcadores del proceso de modernización al optar por tramitar la ampliación del contrato vigente, lo cual no garantiza mejoras en la calidad del servicio.
Rezago en mantenimiento de bienes e infraestructura
La Contraloría identificó un rezago en la ejecución de la estrategia de mantenimiento de bienes e infraestructura. Entre el 2023 y agosto del 2026, el concesionario debía invertir hasta $5,5 millones para “alcanzar la condición de operación normal de los bienes”, según un esquema aprobado por la Junta Directiva del Incop.
Dicho esquema establecía que, para finales del 2024, debían completarse las obras de mantenimiento con prioridades 1, 2 y 3. No obstante, no se reportaron avances en esas obras y, únicamente, se invirtieron $971.821 en obras de prioridad 4, lo que representa una ejecución del 18% frente al 73% planificado.
Al 19 de mayo de 2025, el Incop reportó un avance del 30% en la ejecución financiera, aún por debajo del 73% esperado, según la estrategia aprobada.
El informe indicó que, si no se concreta la inversión prevista, existe el riesgo de que los activos concesionados sean devueltos a la administración sin las condiciones de uso que exigen los contratos, lo cual comprometería “la continuidad, eficiencia y eficacia de los servicios portuarios”.
Disposiciones
La Contraloría ordenó al presidente ejecutivo del Incop, Wagener Quesada, elaborar un informe trimestral con el estado del proceso que ejecuta la institución en el marco de la licitación para la “Concesión de Obra Pública con Servicio Público para la Modernización de Infraestructura y Equipamiento de Puerto Caldera”.
“El informe debe considerar todos aquellos elementos que permitan el seguimiento, control y toma de decisiones ante desviaciones de lo establecido en la versión 8 del Cronograma de Trabajo, el protocolo de salida, la estrategia de mantenimiento de los bienes concesionados y lo referente a la continuidad del servicio de remolcadores”, concluyó la auditoría.
De acuerdo al Incop, las actividades sobre la nueva licitación, así como el cierre de los contratos actuales, han sido programados, para agosto de 2026 con el apoyo del IFC del Banco Mundial.
La entidad agregó que la concesión del servicio de remolcadores no está incluida en el actual pliego de concesiones debido a una recomendación técnica del IFC, la cual sugirió negociar la extensión del contrato actual, debido a que en los próximos 3 años se realizarán obras en el puerto. Según el Incop, lo más conveniente es que el servicio lo asuma un nuevo concesionario una vez que el puerto esté construido.
Respecto a la inversión, explicó que “se han consumido y contratado $3.095.822 de los $5.500.00,00, lo que representa más de un 56% de los recursos, ya ejecutados o comprometidos”. Asimismo, enfatizó en que el Incop trabaja con los concesionarios y los principales actores logísticos de Puerto Caldera, “para tomar medidas de corto y mediano plazo que garanticen la mejor fluidez posible en la operativa portuaria”.
Dicha información, indicaron, fue debidamente comunicada a la Contraloría.
