Un grupo de funcionarios del IDA gestionaron para ellos mismos y sus familiares cercanos, alrededor de 100 hectáreas de tierras del Estado, una superficie equivalente a 154 veces la cancha del Deportivo Saprissa.
Se trata de al menos 23 empleados del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que laboran en las oficinas de Orotina (Alajuela), Paquera y Parrita (Puntarenas).
Las adjudicaciones de lotes y granjas se tramitaron en las oficinas donde laboraban los beneficiarios entre los años 1995 y 1999.
Según consta en los archivos del IDA, en San José, los compañeros en esas oficinas se recomendaron unos a otros y a sus familiares para recibir las tierras.
Los terrenos están ubicados en los proyectos del IDA conocidos como Coyolar, Mollejones, Cebadilla, El Vivero, Santa Rita, Cerro Bajo, Los Mangos y La Península. Todos están en los alrededores de la carretera costanera, que une a Orotina con Jacó.
Los lotes se les entregaron a precios mínimos. Por uno de 1.764 metros cuadrados se pagó un total de ¢476 (poco menos de $3 de febrero de 1995) y por una parcela de 11.699 metros cuadrados, ¢12.820 (unos $65 de marzo de 1996).
No es ilegal. El jefe de la oficina de selección de beneficiarios del IDA, Gerardo Moscoa, afirmó que no existe ningún impedimento legal para que a un funcionario o a sus familiares se le adjudiquen tierras.
Moscoa aclaró, sin embargo, que el IDA debe dar prioridad a las personas con mayores necesidades económicas y que para determinar esa prioridad, en cada caso se debió hacer un estudio.
Los estudios socioeconómicos que debían respaldar las adjudicaciones hechas a los funcionarios y sus familiares no constan en las oficinas del IDA en Orotina, aseguró el actual jefe de esa delegación, Juan Vallejo.
Un pedacito para casi todos. La adjudicación de tierras a funcionarios del IDA de Orotina y sus familiares fue masiva.
Según Vallejo, entre los años 1995 y 2000 la oficina tenía 21 funcionarios. La Nación constató que al menos 18 recibieron adjudicaciones directamente o tienen algún familiar cercano que resultó beneficiado. Las cesiones también alcanzaron a al menos otros cinco empleados de Parrita y Paquera.
Según los archivos del IDA en San José, el funcionario James Castillo Castro recomendó la titulación de lotes a favor de tres trabajadores del IDA
A su vez, las cuñadas de James Castillo Castro obtuvieron 42.600 metros cuadrados.
Juan Luis Salas, quien era subjefe de la oficina de Orotina, recomendó la titulación de un lote de 33.599 metros cuadrados para la hija del funcionario Rodolfo Salazar Alfaro y para su propia cuñada, Rosa Calderón Campos.
Carlos Núñez Castillo firma como técnico responsable de los estudios para la titulación del lote adjudicado a su padre Pánfilo Núñez Paniagua.
Además, en al menos seis casos, los adjudicados son directamente los funcionarios y en otros 42 casos, las tierras fueron entregadas a padres, hermanos, cuñados, hijos, suegras, primos, tíos y sobrinos de empleados del IDA.
En otras 17 ocasiones, las tierras adjudicadas resultaron, luego de algún tiempo, inscritas en el Registro Público a nombre de familiares de funcionarios del IDA.
El precio total de esos lotes y granjas en el mercado inmobiliario actual ronda los $8,3 millones (¢4.200 millones) y las propiedades tienen superficies que van desde 655 metros cuadrados hasta más de 99.000 metros cuadrados.
Por ejemplo, una parcela de 99.558 metros cuadrados está inscrita a nombre del educador Rodrigo Núñez Castillo, hermano del técnico agrario del IDA en Orotina, Carlos Núñez Castillo.
Un rastreo en los archivos del IDA en San José reveló que también los padres, hermanos y cuñadas del funcionario Núñez Castillo son titulares de tierras adjudicadas por el IDA.
Carlos Núñez Castillo dijo que nunca influyó para que se entregaran tierras del IDA a su familia.
Uno de los funcionarios de esa zona que tiene más familiares adjudicatarios, según los registros del IDA, es Efraín Rodríguez Rodríguez.
Él, personalmente, recibió un lote de 1.714 metros cuadrados, pero también se beneficiaron con tierras del IDA dos de sus cuñados, su hermana, hermano, hija y madre.
Efraín Rodríguez aseguró a este diario que la tierra que se les adjudicó a él y a sus parientes fue por que técnicamente calificaban para recibirlas y que no medió ninguna influencia de su parte.
Según el actual presidente ejecutivo del IDA, Gerardo Vargas Rojas, el fenómeno de adjudicación a funcionarios y sus familiares es algo que ocurrió específicamente en la zona de Orotina, Paquera y Parrita y no se extendió a otras regiones.
Vargas Rojas señaló que a partir de una serie de informes elaborados por la auditoría del IDA, la junta directiva investiga el caso para sentar posibles responsabilidades administrativas y legales.
Herbert González, actual subdirector regional del IDA en Orotina, indicó que tramita 319 revocatorias de títulos de propiedad en estos proyectos.
González aseguró que las revocatorias se fundan en el comprobado abandono de los lotes, su venta ilegal o usos distintos de lo permitidos por el IDA.