La procuradora agraria Susana Fallas teme que la minera Industrias Infinito esté “evadiendo su obligación” de reparar el daño ambiental, luego de que vendió cinco propiedades que poseía en la zona norte del país.
En dos de estas fincas la minera Infinito Gold taló árboles y dañó el ecosistema, amparada en la concesión para sacar oro en Crucitas de Cutris de San Carlos, anulada en el 2010.
“Ellos tenían la obligación de reparar el daño, junto con el Estado. Venderlas no es una forma de reparar el daño, pareciera que están evadiendo la responsabilidad o la obligación que les dio la sentencia de reparar el daño en esas dos fincas que vendieron”, manifestó Fallas.
Este viernes fue suspendida la audiencia en la que se conocería la resolución sobre el pago de daños ambientales, esta vez debido a que la Procuraduría apeló la decisión de la jueza ejecutora que dejó por fuera del proceso al comprador de las fincas.
Los terrenos habrían sido adquiridos en agosto por una sociedad anónima domiciliada en Alajuela y representada por un ciudadano de apellido Salazar.
Las propiedades fueron vendidas, juntas, por la suma de $445.000. Esto, a pesar de que solo una de ellas, la más grande, estaba valorada en $825.000.
“Al Estado le perjudica que el comprador sea sacado del proceso. Industrias Infinito, a pesar de la condena, vende dos de las fincas donde hay que reparar el daño, entonces ahora las propiedades quedan en manos de un tercero”, insistió Fallas.
A la procuradora le preocupa esta situación pues, si esas dos fincas están en manos de un tercero que no es parte del proceso, no hay claridad de cómo se haría la reparación de los daños.
“En una finca ajena, de un propietario ajeno al proceso... el Estado no tiene competencia para entrar a la finca de un tercero a sembrar árboles y darle mantenimiento”, alegó Fallas, quien dijo que el dictado de la sentencia se hará cuando el Tribunal de Apelaciones resuelva si se incluye o no al comprador.
