EscucharLas pugnas públicas entre el Gobierno y la oposición tienden a disiparse y los mecanismos de diálogo están abiertos, un mes después del acuerdo nacional de concertación, rubricado por el presidente José María Figueres y el exmandatario Rafael Angel Calderón,
Sin embargo, el escepticismo ante los resultados del acuerdo persiste entre opositores políticos, partidos minoritarios, sindicatos y analistas, ante el lento avance en pos de los logros concretos y la escasa participación de otros sectores sociales.
La aprobación del paquete de ajuste tributario, que subirá de 10 a 15 por ciento el impuesto de ventas, sigue siendo uno de los principales escollos por vencer.
Aún así, la incertidumbre política que abatió al país durante el primer año de la administración Figueres se desvanece lentamente y el clima de concertación entre los partidos mayoritarios parece ganar espacios, en pos de lograr la reforma estructural del país, objetivo común del PUSC y el PLN.
Los efectos también comienzan a verse en la economía.
Según el presidente de la Cámara de industrias, Miguel Shyfter, uno de los frutos del pacto fue el incremento en las reservas monetarias internacionales en este período -de $1.000 a $1.024 millones, según el Manual de balanza de pagos- y la reducción de la presión sobre el mercado de divisas.
El 28 de abril, Figueres y Calderón sorprendieron a Costa Rica cuando firmaron un documento, en Casa Presidencial, en el que se comprometieron a buscar "un sólido, respetuoso y patriótico acuerdo entre el Gobierno de la República y los Partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN)". El documento fue el resultado de cuatro reuniones secretas.
Una semana después, el 4 de mayo, los líderes políticos consideraron prioritario el trámite de nueve iniciativas legislativas -la mayoría de ellas de factura socialcristiana- y el establecimiento de tres comisiones para el estudio de los problemas de empleo público, recorte de privilegios y recaudación de tributos.
Además del PUSC y el PLN, en estos comités también deberían participar otros sectores de la sociedad, aunque en la realidad solo fueron convocados grupos empresariales.
La juramentación de los integrantes de estos cuerpos consultivos concluyó el pasado miércoles, pero hasta ahora no han realizado ningún encuentro. Tienen solo tres meses más para presentar su informe, que puede incluir la presentación de proyectos de ley.
En el Congreso, el trámite de los nueve planes primordiales avanza con lentitud, pero todos ya están siendo examinados en comisiones y subcomisiones. Los dos partidos acordaron que deben ser dictaminadas antes del 31 de julio.
El jueves primero de junio es el día fijado por Figueres y Calderón para revisar el progreso del acuerdo del 28 de abril. A pesar del accidente que sufrió el Presidente el pasado jueves, la cita permanecerá en pie mientras la Casa Presidencial no disponga lo contrario.
Lento pero seguro
"El principal logro de este pacto es que la Asamblea Legislativa avanza a buen paso", opinó el primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, ante lo que considera un ritmo pausado pero constante en el trámite de los proyectos de ley que el acuerdo consideró prioritarios.
Miguel Angel Rodríguez, excandidato presidencial socialcristiano -que participa en grupo negociador del PUSC-, está insatisfecho con la velocidad del proceso, pero reconoce que es un éxito lo alcanzado hasta ahora.
"La atención del país se ha centrado en el cambio estructural y la necesidad de obtener acuerdos específicos. Ahora se parte del consenso y eso es un avance", señaló Rodríguez.
Para Luis Gerardo Villanueva, jefe de la fracción liberacionista, lo más importante es que ambas bancadas ya se pusieron de acuerdo para sancionar las iniciativas de consenso lo antes posible.
El líder del bloque socialcristiano, Bernal Aragón, también quisiera un progreso más veloz. Para él, lo que frena los trámites son los dogmas ideológicos y las contradicciones internas del Partido Liberación Nacional.
Por esta razón, según Aragón, no han podido discutir con más celeridad proyectos tan importantes como el paquete de reformas financieras.
Señales en la playa
Pero también existen signos alentadores concretos. El Gobierno y los grupos empresariales vieron en la "Declaración de Puerto Carrillo", emitida el sábado por la fracción legislativa socialcristiana, un fruto visible del pacto rubricado, el pasado 28 de abril, en la Casa Presidencial.
Luego de una encerrona de tres días en el hotel Guanamar, en la costa pacífica, el principal partido opositor mostró apertura para permitir al Poder Ejecutivo la tramitación de nuevos impuestos, uno de los principales escollos del proceso de concertación.
El PUSC propuso un compromiso nacional para que los gobiernos se comprometan, durante los próximos 12 años, a sostener un déficit fiscal menor al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB), al mismo tiempo que la agrupación opositora con mayoría legislativa no retrasará los cambios en materia tributaria propuestos por el Ejecutivo.
"Una vez concluida la aprobación del acuerdo nacional ampliado no se descarta una evaluación fiscal del país", declaró Bernal Aragón, jefe de la fracción socialcristiana.
La ministra de Información, Florisabel Rodríguez, expresó su satisfacción "por la actitud patriótica asumida por el PUSC".
"Esto es serio y abre el paso a un mayor entendimiento para lograr soluciones a los problemas estructurales", declaró Luis Gerardo Villanueva, jefe de la bancada oficialista.
Dudas en tierra
Pese al optimismo oficial, los analistas Rodolfo Cerdas y Francisco Escobar consideran que hasta ahora ni el PUSC ni el PLN han llenado las expetativas creadas desde un inicio.
"Hace falta definir, con responsabilidad, cómo evitar que el costo de la crisis caiga sobre los sectores laborales y productores. No hacen falta más palabras, sino hacer más cosas", opinó Cerdas.
Para Escobar, el acuerdo bipartidista trasladó el centro de gravedad del quehacer político de la Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa, pero en estos 30 días el Congreso no ha aprovechado esta situación para culminar el acuerdo.
Escobar aseveró que hasta ahora el pacto ha traído consecuencias negativas para el PLN pues se ha visto obligado a tramitar proyectos socialcristianos, pero no ha podido hacer avanzar los impuestos.
El diputado del Partido Fuerza Democrática, Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser, y el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, recriminaron la ausencia de representación de otros sectores y la reafirmación de una falsa democracia bipartidista.
"Ambas cúpulas ratifican el norte económico que conviene a sus intereses", afirmó Vargas, mientras que para Gutiérrez esto muestra una vez más que los partidos mayoritarios "implementan una participación que describen como democrática, pero en la que ellos deciden con quién hablan".
-Colaboraron en esta información Wílliam Méndez y Patricia Leitón, redactores de La Nación.
