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El Gobierno tomaría recursos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para afrontar el pago a la firma brasileña OAS, tras rescindir el contrato de construcción de la carretera a San Ramón.
Esa es la salida que plantea el Poder Ejecutivo para tener el dinero necesario y finiquitar lo pactado, ante la posibilidad de que la Contraloría no apruebe el uso de ¢15.100 millones que tomó del presupuesto de Japdeva.
Ya el Gobierno había girado $6,5 millones (¢3.250 millones) a OAS en diciembre.
Ayer, La Nación reveló una resolución de la Contraloría General de la República (CGR), en la que advirtió al Ejecutivo de que tomar recursos de Japdeva es inconstitucional y viola normas presupuestarias.
Por medio de sus diputados, el Gobierno desvió, el año pasado, ¢15.100 millones destinados a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en el 2010, y los destinó al pago de “indemnizaciones” del CNC.
El dinero se le asignó a la Junta desde finales del 2009, para el pago de prestaciones de los empleados de los puertos de Limón.
En total, el Gobierno necesita $35 millones para rescindir el contrato de construcción de la ruta, lo que en colones, al tipo de cambio actual, significaría ¢18.600 millones.
Tras conocer el criterio de la Contraloría, el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, explicó que le pidieron una reconsideración. Según Gallardo, la Contraloría comete un error al negar el uso del dinero para la cancelación del contrato, ya que dicho movimiento fue aprobado por el Congreso.
“Pareciera que la Contraloría desconoce las competencias de la Asamblea Legislativa de determinar, mediante un presupuesto con fuerza de ley, el destino de los recursos públicos”, dijo el ministro.
El criterio de la CGR es que el desvío de fondos para finiquitar el contrato con OAS “podría contradecir el principio de anualidad y lesionar el artículo 176 de la Constitución, por tratar de volver a ejecutar recursos que ya fueron pagados”.
Allan Ugalde, gerente de Infraestructura de la Contraloría, insistió en que el movimiento hecho por el Gobierno, con aprobación de los diputados, “contraviene una serie de normas” para el uso de un dinero que ya no era del Ejecutivo.
“No se puede entregar una plata en el 2014 que ya no tiene el Gobierno”, dijo Ugalde. El gerente añadió que, hasta el 15 de enero, esa plata estaba en manos de Japdeva.
Jeannette Ruiz, de Acción Ciudadana, y Manuel Hernández, del Libertario, se opusieron en octubre al desvío de los fondos.
La moción para ese movimiento presupuestario la presentó la liberacionista Siany Villalobos, tras recibirla del Ministerio de Hacienda.
Wálter Céspedes, del PUSC, dijo ayer que la decisión del Gobierno es una burla para los diputados y para los habitantes de Limón.
