En el Ministerio de Salud hay 191 funcionarios (el 4,1% del total) con un salario más alto que la propia ministra, Guiselle Amador.
Ocurre lo mismo en el Ministerio de Cultura. Aquí hay 116 empleados (19,3%) que devengan mayor sueldo que la jerarca Silvye Durán.
Esta situación se repite en ocho ministerios más según el análisis realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y publicado en el estudio Retos para la modernización del esquema remunerativo de los ministerios, dado a conocer este miércoles.
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El informe de la CGR contrastó el esquema de pagos, compuesto por salario más pluses, en 16 ministerios de Gobierno, con respecto a los principios generales orientadores de los esquemas de remuneraciones aplicables al sector público.
Según el análisis, que utilizó como ejemplo el Ministerio de Salud y el de Cultura, en el caso extremo, la diferencia supera los ¢4 millones y los ¢2 millones, respectivamente.
"Lo anterior revela un desequilibrio a nivel interno entre la remuneración y el nivel de responsabilidad, así como un rezago en el ajuste aplicado a nivel de jerarcas", dijo la CGR.
La razón de dichas diferencias se fundamenta en la "concepción misma del modelo de remuneraciones vigente en los ministerios", pues existen pluses que se otorgan en función de la antigüedad, como la anualidad, además de los reconocimientos por carrera profesional.
El estudio del ente contralor también evidenció que existe una brecha salarial tanto en puestos profesionales como en los no profesionales. Por ejemplo: Un funcionario gana hasta ¢3,2 millones más que otro con el mismo cargo.
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El porcentaje de incentivos en los ministerios alcanza un 44,3% del salario total, muy superior al 10% que se presenta en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Costa Rica pretende ingresar.
A partir del análisis, la Contraloría espera que se revise el sistema de evaluación de desempeño de cada trabajador y en qué medida está relacionado con el sistema remunerativo, de manera que "se propicie la generación de valor público medible y alineado con los resultados institucionales y el servicio público brindado".
El fin es descubrir si realmente las capacidades y características del personal favorecen la consecución de metas y objetivos de la institución.
