Diario Extra denunció ayer que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el apoyo de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, rastreó las llamadas telefónicas de un periodista suyo.
La denuncia la hicieron pública Paola Hernández, subdirectora, Iary Gómez, gerente general y Carlos Serrano, abogado, quienes alegaron que con esta acción se pone en peligro la libertad de prensa.
Hernández calificó el hecho como “el acto de espionaje más descarado que el Poder Judicial ha ejecutado no solo sobre Grupo Extra y sus periodistas, sino también sobre otros medios de comunicación”.
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, rechazó que se trate de espionaje.
Chavarría admitió que se ordenó un rastreo de las llamadas del periodista Manuel Estrada porque “se filtró (del Poder Judicial) información que puso en peligro la vida de víctimas, testigos e investigadores en dos casos de secuestros”.
Gerald Campos, subdirector del OIJ, dijo que “nunca se ordenó investigar a un periodista” y justificó el rastreo del teléfono del comunicador “porque había una investigación penal contra una funcionaria del OIJ por el delito de divulgación de información confidencial”.
Antecedentes. Este asunto tiene relación con dos secuestros. El primero sucedió entre febrero y marzo del 2013, en perjuicio de un profesor de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quien permaneció retenido durante 17 horas.
El otro fue el del empresario Andrés Navarrete Rodríguez, ocurrido el 6 y 7 de mayo del 2013. En ambos casos, la Policía detuvo a los sospechosos del delito.
Jorge Chavarría y Gerald Campos explicaron que en aquel momento Diario Extra hizo publicaciones en donde se consignaron datos que, presuntamente, solo eran de conocimiento de los investigadores. La difusión de esas informaciones, se afirmó, pusieron en peligro a todas las partes involucradas en las pesquisas.
El fiscal general dijo que se tenía la presunción de que era un funcionario judicial quien suministró los datos. Agregó que amparado en el Código Penal, artículo 332 bis, que prohíbe a los personeros del Poder Judicial divulgar información de los casos en proceso, fue que se ordenó una investigación.
En el expediente sobre el asunto, del cual La Nación tiene copia, la primera acción que se ordena es un rastreo de los teléfonos de Manuel Estrada, quien fue el periodista que firmó las publicaciones.
Para realizar la gestión, la Fiscalía contra el Crimen Organizado se basó en el voto N° 2012-002509 de la Sala Constitucional y en la directriz N° 02-2006 del Ministerio Público en la que Jorge Chavarría ordenó a los fiscales realizar, sin orden de un juez, el secuestro de los documentos relacionados con las llamadas entrantes y salientes de cualquier número telefónico, sin que esto vulnere el artículo 24 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
Durante la pesquisa, los agentes del OIJ determinaron que Estrada, luego de mantener contacto con varios jefes e investigadores del OIJ, hizo diferentes publicaciones en Diario Extra y señalaron a una agente de la Sección de Delitos Varios de San José, de apellido Fonseca, como la sospechosa de proporcionar los datos sobre los casos de secuestro.
Un juez penal de San José, en enero de este año, suspendió del cargo a Fonseca durante un lapso de tres meses, pero con goce de salario. A ella se le sigue una causa penal por el delito de divulgación de información confidencial, que tiene pena que va de dos a ocho años de prisión.
Queja. La subdirectora de Diario Extra, Paola Hernández alegó ayer que cuando las informaciones de los secuestros salieron publicadas, ya las víctimas habían sido liberadas y no corrían riesgo.
En su criterio, la intención del Poder Judicial “es conocer y descubrir cada una de las fuentes que está brindando información fundamental sobre actos anómalos, deficiencias e irregularidades sobre temas de seguridad”.
Mientras que el periodista Manuel Estrada afirmó que a raíz de este asunto lo han seguido. Agregó que nunca va a revelar las fuentes de información.
Asimismo, se quejó de que el año anterior, durante un simulacro sobre el secuestro donde se invitó a los periodistas, él aceptó ser una de las víctimas, situación que aprovecharon dos agentes de Delitos Varios para ponerle una rodilla en la espalda y “ me dieron patadas”.
Tanto Gerald Campos como Jorge Chavarría dijeron que desconocían de esa situación y anunciaron una investigación de lo sucedido en el simulacro.
Paralelamente, la Corte Plena acordó pedir un informe al Ministerio Público y al OIJ sobre lo actuado, en este caso, para determinar si se violó el derecho a la información y la libertad de prensa.
En un comunicado se advirtió que de comprobarse la existencia de una anomalía en el procedimiento, aplicarán las disposiciones correspondientes .