Escuelas públicas, cárceles, delegaciones policiales y Cen Cinái están obligados por ley a comprarle alimentos al Consejo Nacional de Producción (CNP) porque con esas adquisiciones se favorece a los pequeños y medianos productores del país.
En su lista de proveedores, sin embargo, el Consejo tiene empresas grandes sin que se den las situaciones de excepción que lo permiten, según lo advierten dos informes de la Auditoría Interna. Estos señalan, por ejemplo, que se haya recurrido a empresas grandes sin que se demuestre escasez del producto, que es una de las excepciones de la ley para recurrir a ese tipo de compañías.
También critican los documentos, que el CNP tiene proveedores grandes inscritos como medianos, aunque tienen una cantidad de empleados o de activos que no les permite calificar como tales. Igualmente, le compra a supermercados, los cuales cobran su intermediación con los productores.
Adicionalmente, el CNP hace negocios con grandes corporaciones como Dos Pinos, bajo la consideración de que es una compañía de "economía social solidaria".
Estas hechos contradicen el espíritu del CNP pues según la ley 2035, del junio de 1956 y una reforma del 2009, según la cual esa institución debe fungir, "con carácter de prioridad", como facilitador de los micro, pequeños y medianos productores costarricenses en el acceso del mercado para comedores estudiantiles, cárceles, delegaciones policiales, hospitales, Cen-Cinái, entre otros.
Los perjudicados son esos clientes, pues se les prohíbe escoger directamente a sus proveedores, viéndose obligados a pagar la intermediación del CNP aunque esta no garantice un precio más barato ni favorezca a los pequeños y medianos productores.
Óscar Quirós, director agrocomercial del CNP, explicó que a estas empresas grandes se les compra porque el micro, pequeño y mediano productor "no puede satisfacer la demanda" de los clientes del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
"En cuanto a las empresas grandes que se registran, recurrimos a ellos solo por la excepción, fundamentada solo por dos razones: que los beneficiarios prioritarios que dicta la ley (micro, pequeños y medianos productores) no tienen la capacidad para suministrar los productos demandados sea por volumen o por tipo", explicó el funcionario.
Grandes empresas
En el informe de proveedores activos a julio de 2017 suministrado por el mismo Consejo, se incluyen como grandes compañías Pipasa, Pozuelo, Numar, Sardimar, Lucema, Roma, Instamasa, Proave (compañía transnacional de capital europeo), Irex, Compañía Kowa S.A (almacén de distribución en Golfito) y Alimentos Heinz.
Además Dos Pinos, Coopemontecillos y Coopetarrazú, entre otras, que, según Quirós, no deben ser calificadas como grandes, si no de "economía social" al ser cooperativas conformadas por micro, pequeños y medianos productores.
Según la lista entre los 219 proveedores hay 20 grandes (ocho de ellas de "economía social"), 73 microempresas, 73 pequeñas, y 53 medianas.
El artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP establece que la institución puede contratar a otros proveedores (no dice expresamente grandes) de forma temporal solo "cuando se carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano productor nacional, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de resguardar el mercado, garantizando el servicio al cliente".
Al mismo tiempo, el CNP, con sus propios recursos, según la ley, "debe promover programas dirigidos a los pequeños empresarios debido su obligación expresa de apoyar, en el ámbito nacional, a este tipo de productores para incorporarlos a los procesos que desarrolla".
Sin embargo, aunque es una medida "temporal" hay algunas compañías grandes que le venden al CNP desde el 2008, por ejemplo, la compañía Empagro S.A, que comercializa granos básicos. A Instamasa y Pipasa, Heinz e Irex, le compran desde el 2009 y a Roma desde el año 2007.
Quirós dijo que, poco a poco estas empresas están siendo sustituidas por los pequeños y mediaños productores.
"En el caso de la compañía Numar, en los últimos tiempos hemos tenido que recurrir a ellos para completar la demanda de grasas y aceites, esto porque el suplidor de interés del PAI, en este caso Coopeagropal R.L. no está pudiendo atender la totalidad de la demanda", dijo.
El director agrocomercial también planteó el caso de Pipasa que, según él, atiende solo "unos pocos puntos de entrega" en la región Pacífico central porque en esa zona no tenían suplidores.
"Hace unos años esta empresa se constituía en el principal y casi único suplidor de pollo. Hoy, tenemos casi cobertura nacional con el proceso de inserción de micro, pequeñas y medianas empresas. Podemos decir que Pipasa, con facturaciones en el pasado de casi ¢1.500 millones, estaría siendo retirada del PAI", dijo Quirós.
Jorge Calderón, vicepresidente de relaciones gubernamentales para Cargill América Latina, empresa matríz de Pipasa, confirmó la disminución del volumen de pedidos del CNP con respecto al pasado.
Quirós manifestó que, en el caso de Proave, esta compañía fue desplazada y retirada del PAI por ser una empresa transnacional de capital europeo. Sin embargo, él mismo indicó que permanece activa en el PAI a julio del 2017.
Además, el funcionario agregó que a las empresas Lucema, Roma e Instamasa no hay posibilidad de sustituirlas porque las micro, pequeña o mediana empresa no disponen de los productos que ellos producen.
Preocupación
En un informe de la auditoría interna del CNP del 2015 llamado "Designación de Proveedores en Compras realizadas por el PAI" (AG 027-15), se le pidió a director del Centro de Negocios Agroalimentarios del CNP, la razón por la que se contrató a Pipasa.
El encargado indicó que la decisión fue tomada debido a "la dificultad afrontada con los demás suplidores, para poder realizar entregas en las cantidades y oportunidad en cuanto a los tiempos de entrega se refiere".
La Auditoría revisó el registro de proveedores de pollo, 24 en ese entonces, y determinó que eran suficientes para abastecer la demanda.
"No se logró comprobar la existencia de documentación, que contenga algún tipo de análisis, para conocer las capacidades de las empresas inscritas (en el registro de proveedores) de tal forma que podamos comparar las variables de cantidades, oportunidad y tiempos de entrega, por lo tanto, la justificación brindada carece de soporte técnico", explicó la Auditoría.
En el mismo informe, el órgano alertó que el proceso de asignación de los proveedores en general, en las compras que realiza el PAI, no brinda transparencia "ni garantiza razonabilidad de que el precio obtenido es la mejor opción para ofrecer a los clientes".
Cita el ejemplo de una empresa de pescado que lleva contratada de forma exclusiva para proveer a instituciones de varios ministerios desde hace dos años, sin que haya mediado un procedimiento de contratación alguno. Además, esta compañía ofrece precios superiores a los precios de mercado.
"Asignar proveedores sin cumplir los principios de la Ley de Contratación Administrativa y realizar compras a grandes empresas sin que medie acreditación de las condiciones normativas que intervinieron para su escogencia, desvía a la institución en el cumplimiento del artículo 9 de nuestar ley orgánica", explicó el documento.
En junio este medio publicó que las escuelas se quejaban de la obligación de comprarle al CNP aun cuando deben pagar más dinero por los mismos productos que compraban antes a un proveedor local. Los centros educativos son los principales compradores de la entidad.
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Por otra parte, los policías y funcionarios de los Cen-Cinái se quejaron de que los productos que le entregan algunos proveedores del CNP son de mala calidad.
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Según información del Consejo, entre enero y marzo de este año, las compras a las micro, pequeñas y medianas empresas rondaron los ¢6.700 millones; las "agroempresas de base social", que incluyen a Dos Pinos, Coopemontecillos y Coopetarrazú, le vendieron a la institución alrededor de ¢958 millones en ese periodo y las compras a las "grandes empresas", excluyendo a la Irex, rondaron los ¢333 millones.
Declaraciones juradas
Para definir si una empresa está en la categoría de micro, pequeña o mediana, el CNP se basa en una declaración jurada, autenticada por un notario público, en la que la compañía indica la cantidad de empleados que tiene, las ventas y activos.
Un informe de auditoría de junio de este año llamado Evaluación de la Gestión Operativa del PAI (AL-175-17), determinó que las declaraciones juradas de algunas de las compañías no aportaban datos reales, por lo cual están inscritas en el CNP como medianas pero en realidad, son grandes.
Cita el ejemplo de una empresa activa en el CNP, dedicada a la venta de abarrotes, que reportó al Consejo 115 empleados. Esa firma estaba en la categoría de mediana empresa, pero, según el informe, las compañías con más de 100 trabajadores deben ser consideradas como grandes.
Además, añade el documento, la compañía, ubicada en la región Brunca, realmente tiene 190 empleados y ventas anuales por ¢11.000 millones, al tiempo que se desconoce el origen de los productos que esta empresa vende.
"Al permitir que empresas proveedores del PAI no se ajusten a las normas que rigen la actividad, estaría facilitando la permanencia de un proveedor que no es objeto del accionar de la institución, en perjuicio de otro que realmente ocupa los servicios que la institución ofrece", explica el informe.
Adicionalmente, la investigación plantea el ejemplo de otra empresa que le vende al CNP carne de res, cerdo y embutidos. Esta se ubica en la categoría de mediana, pero tiene 300 empleados, activos por ¢2.000 millones y ventas anuales por ¢15.600 millones, o sea, debe estar en la categoría de grande.
"El notario público tiene fe pública por eso le damos credibilidad a ello. Sin embargo, estamos variando los requisitos, ahora la declaración jurada deberá ser autenticada por un contador público y con vista en los libros (contables) la empresa tiene que comprobar sus ingresos y activos. Además, gestionamos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que nos remita la cantidad de empleados", añadió el funcionario.
La auditoría encontró, además, la asignación en el PAI de compras a empresas que no cumplen con la seguridad social, y asignación de compras a empresas que subcontratan, lo cual "violenta la Ley de Contratación Administrativa y la Ley Orgánica de la CCSS".
Este informe evaluó la gestión operativa del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en la región Brunca y alertó de que ahí los proveedores se designan "a dedo", de forma subjetiva, sin hacer proceso de compra ni cotización de los precios, ni estudios de mercado, para determinar si los precios que ofrece el proveedor son razonables.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) es el principal cliente del Consejo Nacional de la Producción pues la entidad abastece al 26% de los centros educativos (1.200).
El año pasado, el Consejo le vendió al Ministerio ¢13.500 millones; el CNP recibió ¢1.800 millones para "gastos operativos" como intermediario entre los centros y los proveedores, labor por la cual se deja una comisión de entre 5% y 7% por cada producto vendido.
El diputado del Movimiento Libertario y actual candidato presidencial, Otto Guevara, propuso cerrar el CNP, por medio del proyecto de ley, expediente 20.269, el cual está basado, según él, en informes de la Contraloría General de la República, cuya conclusión es que "debe cerrarse".
"Es un intermediario carísimo que le amarra el perro a los productores y le proveé alimentos de mala calidad, vencidos y le mete una burocracia innecesaria a la compra .(Que le compre a grandes empresas) es un muestra más de la falacia, ya que se habla que esta ahí para comprarle a pequeños y medianos productores y colocar sus productos. Es una falacia", manifestó el Guevara.
Sin embargo, el director agrocomercial del CNP sostiene que el PAI "democratiza la economía, reparte riqueza, genera empleo y dinamiza el mercado local y es un mercado de carácter solidario".
"Favorece la producción nacional que por economía de escala no tiene la posibilidad de competir con las grandes empresas nacionales e internacionales en el marco de la apertura comercial imperante. Por otra parte, los entes públicos que compran sus suministros mediante el CNP, se eximen de realizar licitaciones, nos contratan directamente, lo cual representa miles de millones de colones anuales de ahorro para el Estado en recursos técnicos, administrativos y de tiempo", dijo el funcionario.