Luego de tres horas de reunión entre dos ministros, tres viceministros de Gobierno y los jefes de las fracciones de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo quedó a expensas del PLN y del Frente Amplio para darle trámite por la vía rápida a la nueva reforma fiscal que presentó ante los legisladores la semana pasada.
Se trata de un texto que aumentaría el tributo sobre la renta y que transformaría el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado (IVA), elevando la tasa del 13% al 15% y gravando servicios hoy exentos, al tiempo que introduciría un tope al pago de anualidades a los empleados públicos e introduciría topes al crecimiento del gasto público. El plan, además, incluiría un tope a los salarios en el Estado y ordenaría las remuneraciones de los jerarcas.
Este jueves, el Gobierno les pidió a los diputados tramitar el proyecto mediante una vía rápida.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro; su viceministro, Luis Paulino Mora; el jerarca de Hacienda, Helio Fallas; y sus viceministros Fernando Rodríguez y Martha Cubillo, les plantearon a los legisladores dos salidas: una para tramitar el plan de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como un todo, incluyendo ingreso y gastos; y otra para trabajar la vía rápida con los temas por aparte, por un lado ingresos y por el otro gasto público.
Presentada la propuesta, Alfaro les pide a los legisladores una respuesta para antes de que termine agosto, pues alega urgencia para resolver el tema en los nueve meses que quedan de la administración.
La única forma de que el Poder Ejecutivo logre pasar esos proyectos por la vía rápida es que al menos 38 legisladores se comprometan con el voto, pues reglamentariamente se requieren dos tercios del pleno legislativo para un trámite especial como ese, pues limita la cantidad de mociones que pueden presentar los congresistas y fija plazos para la conclusión de las etapas respectivas.
De una vez, los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario anunciaron sus reservas a que se tramite por la vía rápida un proyecto tan grande y con diferentes asuntos.
De tener apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN, que cuenta con 18 parlamentarios) y del Frente Amplio al completo (tiene ocho miembros), el Gobierno no tendría mayores problemas para empujar las iniciativas por la vía rápida, pues con los 13 legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) sumarían 39.
El problema está en que, mientras Liberación exige por boca de su vocera, Karla Prendas, que el Gobierno recorte de tajo el gasto en publicidad y plantee una reforma integral, el Frente Amplio exige que se tramite primero la reforma al impuesto sobre la renta, pues alega que lo necesario es que los sectores con mayores ingresos paguen más tributos.
Además, el jefe del Frente Amplio, Francisco Camacho, reiteró que su partido no está de acuerdo con aumentar la tasa del impuesto de ventas del 13% al 15%, cuando se convierta en un tributo sobre el valor agregado; en lo único en que concuerdan totalmente es en aumentar la base de productos y servicios gravados.
"Con los planteamientos que hizo el Gobierno sobre la agenda fiscal es muy difícil tener la viabilidad política, no por Liberación, sino porque hoy fue un primer acercamiento que hace el Gobierno y Hacienda para intentar buscar un acuerdo nacional", comentó Prendas.
Por una parte, la liberacionista arguyó que la exigencia de Sergio Alfaro para que se tome una decisión antes de que termine agosto irrumpe en la posibilidad de un acuerdo, pero por otra aseguró que ella esperaba una definición más clara de la reunión. Añadió que no se ve mucha posibilidad política para el camino corto legislativo.
"Más allá de poner una cosa primero, hay que hablar de los contenidos como tal, integrales, no podés hablar de impuestos, aunque sea necesario, es una realidad, si no metés empleo público y regla fiscal, que estamos de acuerdo, y pensiones de lujo, porque todo nivela, contención, pluses, la recaudación", comentó.
La vicepresidenta del Congreso y jefa de fracción libertaria, Natalia Díaz, rechazó de plano alguna posibilidad para que su partido permita el camino corto para los proyectos, menos aún si son los de impuestos.
Añadió que, incluso, hay algunos asuntos de técnica legislativa que darían problemas para hacer la vía rápida.
Aunque Abelino Esquivel, jefe de Renovación Costarricense, comentó que no es muy amigo de las vías rápidas de proyectos de ley, pero aseguró durante la reunión que le toca al Gobierno desde ya contar los votos, para ver si puede lograr los 38 necesarios para ese proceso abreviado.
'Hay un alto nivel de escucha'
Pese a la falta de una definición clara sobre las posibilidades de la vía rápida, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, alabó el "alto nivel de escucha" que hubo en la reunión con los jefes de las fracciones legislativas y pidió espera para que, después de las reuniones de las fracciones el lunes, se pueda definir si se requiere una nueva reunión.
"Hay muchas dudas por parte de algunos jefes y otros diputados de si sus fracciones van a participar para darle una vía rápida a este texto. Se requieren 38 votos y eso siempre es una labor complicada en la Asamblea. El Poder Ejecutivo no encuentra otra salida que esa, porque siempre hay diputados que dicen que bloquearían las iniciativas, ya sean las de impuestos o las de gasto", comentó Alfaro a los medios, luego de la cita.
La salida intermedia que plantea el Ministerio de la Presidencia podría estar cerrada a otros temas, pues el viceministro de esa cartera, Luis Paulino Mora, indicó que de abrir a otros temas, se bloquearía el apoyo, ya que hay partidos que rechazan unos temas y otras agrupaciones rechazan otros.
Para mí, dijo Alfaro, el resultado de que lo analicen el lunes es satisfactorio, porque da alguna posibilidad y conversaciones en lo que resta de esta semana.
Liberar los capitales 'golondrina'
Al margen de las negociaciones para un trámite abreviado a la megarreforma fiscal, el Gobierno pide el trámite lo más rápido posible al plan para derogar la ley 9227, Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos, que liberaría de nuevo el ingreso de los llamados capitales 'golondrina'.
Pese a que Liberación Nacional se opone, Helio Fallas manifestó que grandes inversores no vienen al país ante el panorama de tener que pagar mayores impuestos que los ahorrantes nacionales por los intereses que generen sus inversiones.
Esa ley se aprobó en la administración de Laura Chinchilla, para cerrarle el paso a grandes capitales especulativos, que entraban, se invertían y salían del país causando distorsiones en la economía y sin dejar mayor beneficio al Estado.
La normativa, que no se ha puesto en ejecución en ningún momento, permite incrementar la tasa a esos capitales de un 15% a un 25%, si la junta directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) así lo aprueba.
El panorama, por ahora, tampoco está claro para esta iniciativa legal.