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Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), presentó denuncias penales contra la exsecretaria general, Yorgina Alvarado Díaz, y el exsecretario de finanzas, Marcos Rodríguez Castillo, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos sindicales.
Además, el sindicato denunció el supuesto ingreso irregular a sus oficinas centrales, ubicadas en Lourdes de Montes de Oca, el lunes 5 de octubre, por parte de Alvarado, Rodríguez y otras personas.
La dirigencia sostiene que el grupo entró en las instalaciones pese a la oposición del personal de seguridad. Por su parte Alvarado negó que se haya producido una toma de las instalaciones y aseguró que continúa ejerciendo legítimamente su cargo como secretaria general.
Las denuncias se producen en medio de una disputa por la presidencia del SEC para el período 2026-2030, que enfrentó a dos tendencias: Unidad y Trabajo (UTRA), encabezada por Gilbert Díaz, quien preside el sindicato desde 2003, y Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), liderada por Yorgina Alvarado.
Rodríguez, quien también formaba parte del directorio del sindicato como secretario de Finanzas, integraba la papeleta de FARO. Sin embargo, tanto él como Alvarado fueron expulsados y destituidos tras procedimientos disciplinarios relacionados con el manejo de recursos sindicales.
La expulsión de Rodríguez provocó que la papeleta FARO quedara incompleta y, por tanto, fuera excluida de la contienda. El Tribunal de Elecciones del SEC (Tesec) declaró ganadora a UTRA sin realizar una votación. Alvarado impugnó esa decisión ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Presuntas irregularidades y expulsiones en el SEC
Según un comunicado divulgado por la presidencia del SEC el 7 de octubre, el Tribunal de Ética y Disciplina identificó una presunta lesión patrimonial de ¢15.997.258,57 y $2.830,10 vinculada a Marcos Rodríguez, así como erogaciones por ¢5.155.676,84 y $3.683,78 mediante una tarjeta corporativa utilizada por Yorgina Alvarado.
El sindicato sostiene que estas últimas operaciones atribuidas a Alvarado carecían de facturas electrónicas a nombre de la organización, liquidaciones de viaje aprobadas o bitácoras de representación que justificaran los gastos analizados.
En cuanto a Rodríguez, el procedimiento disciplinario se inició por un desembolso de ¢840.000 realizado el 8 de mayo de 2026, cuando se distribuyeron ¢35.000 a cada una de las 24 personas que participaron en una manifestación, bajo el concepto de transporte y alimentación.
Según la resolución del Tribunal de Ética, de la cual La Nación tiene copia, no existía un acuerdo formal ni una votación válida que autorizara los pagos. Además, los montos superaron el máximo reglamentario de ¢18.000 diarios para esos conceptos.
A raíz de estos hallazgos fue que el Tribunal de Ética y Disciplina, abrió los procedimientos disciplinarios y ordenó la expulsión de Alvarado y Rodríguez del SEC, así como su destitución de los cargos que ocupaban en el directorio ejecutivo.
Posteriormente, el viernes 2 de octubre, el Consejo Nacional de Representantes del SEC confirmó ambas sanciones. En el caso de Alvarado, se rechazó su apelación por 57 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Respecto de Rodríguez, la decisión recibió 58 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Además de las sanciones internas, la presidencia del SEC presentó denuncias penales ante el Ministerio Público. En el caso de Alvarado, señaló posibles delitos de administración fraudulenta, apropiación y retención indebidas y estafa. Contra Rodríguez denunció una presunta administración fraudulenta, inicialmente relacionada con el desembolso de los ¢840.000.
SEC denuncia supuesto ingreso irregular a sus instalaciones
La presidencia del SEC también presentó una denuncia penal por la presunta toma ilegal de sus oficinas centrales, ubicadas en Lourdes de Montes de Oca, ocurrida el lunes 5 de octubre.
Según el comunicado, Alvarado se presentó en la sede después de haber sido informada de que no estaba autorizada para ingresar. Posteriormente, un grupo de aproximadamente cinco personas habría entrado al edificio “venciendo la oposición del personal de seguridad”. Entre las personas identificadas por la denuncia figuran Alvarado y Rodríguez.
“La denuncia sostiene que, una vez dentro, se recorrieron oficinas, se sacó a personas trabajadoras de sus puestos, se les concentró en el auditorio y se produjeron manifestaciones denunciadas como intimidatorias”, señala el comunicado.
La presidencia del sindicato también afirmó que posteriormente se cambiaron cerraduras, se sustituyó a la empresa de seguridad y se accedió a documentación financiera, administrativa y contable relacionada con las investigaciones.
Por estos hechos, el SEC denunció posibles delitos de violación de domicilio agravada, usurpación, coacción y eventuales amenazas.
Además, solició al Ministerio Público medidas cautelares urgentes para restringir el ingreso a las instalaciones, el contacto con testigos y el acceso a documentos, archivos, sistemas informáticos y cuentas bancarias.
Yorgina Alvarado negó, en un video publicado en la página de Facebook del sindicato, que se produjera una toma de las instalaciones del SEC y aseguró que continúa ejerciendo legítimamente su cargo como secretaria general. Además, calificó el documento divulgado sobre los hechos como “no oficial, ilegítimo y difamatorio”, y afirmó que contiene información manipulada e inexacta.
La dirigente sostuvo que las denuncias en su contra son infundadas y buscan dañar su imagen y su labor dentro del sindicato. “Quienes actualmente integramos el directorio ejecutivo nacional mantenemos de forma legítima nuestros cargos”, afirmó.
¿Por qué la expulsión terminó afectando las elecciones del SEC?
La expulsión de Marcos Rodríguez, exsecretario de Finanzas e integrante de la papeleta FARO, encabezada por Yorgina Alvarado, provocó que esa tendencia quedara incompleta y fuera excluida de las elecciones internas del SEC.
Por ello, el Tribunal Electoral declaró ganadora, sin realizar votación, a la tendencia UTRA, liderada por Gilbert Díaz, para el período 2026-2030.
En un video divulgado el 22 de setiembre, Alvarado cuestionó el proceso disciplinario. Afirmó que se violentaron el debido proceso y el derecho de defensa, y acusó al Tribunal de Ética de favorecer a la tendencia rival. Además, sostuvo que, si bien era necesario investigar el uso de los recursos sindicales, también debía garantizarse el derecho de defensa.
Posteriormente, el 1.º de octubre, Alvarado impugnó la declaratoria electoral ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y solicitó su suspensión provisional. Cuestionó la legalidad de la expulsión de Rodríguez y la decisión de declarar ganadora a UTRA sin realizar una votación.
Sin embargo, los tribunales Electoral y de Ética del SEC se opusieron a su gestión, al considerar que el Ministerio no tiene competencia para revisar esas decisiones internas.
