El 24 de abril de 1995, Novontar S.A.inició trámites en la Secretaría Técnica del Ambiente (SETENA) y en la Dirección de Geología y Minas --ambas dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)--, con el fin de obtener la concesión de explotación a cielo abierto de oro, cobre, plata y minerales asociados en el cerro Beta Vargas, por un plazo de cinco años.
Más de un año después, el 6 de mayo de 1996, René Castro, titular del MINAE, previa aprobación de los estudios de impacto ambiental por parte del SETENA, otorgó a la empresa la concesión de explotación.
Con este visto bueno, la compañía inició los trabajos de exploración y empezó a construir la mina.
Sin embargo, el 4 de junio, en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, el Frente Nacional de Acción sobre Minería de Cielo Abierto, el Comité Regional de Oposición a la Minería en el Pacífico Central y la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) hicieron un llamado a la movilización de agrupaciones y comunidades para oponerse al proyecto.
Algunos vecinos de la zona también han externado su preocupación por el eventual impacto ecológico que pueda tener la iniciativa.
De acuerdo con las organizaciones ecologistas, la apertura de esta mina generaría "graves daños ambientales, económicos y sociales y abriría la puerta a la aprobación de decenas de otros proyectos similares".
Al respecto, tanto Peter Schürer, gerente de Novontar, como el jerarca del MINAE coincidieron en rechazar estas afirmaciones por considerarlas "carentes de fundamento".
"... Dicen (los ecologistas) que encontraron errores, pero no los señalan ni documentan. Eso no es serio", afirmó el ministro René Castro.
Sigue adelante
A pesar de las denuncias de los grupos ecologistas y la molestia manifestada por los vecinos, la mina Beta Vargas comezará a operar el mes entrante.
"Todos los procesos que abarca la explotación minera están aislados del medio ambiente. Además, nuestra empresa tiene que dar un monto de garantía ambiental (¢40 millones) para asegurar la recuperación de la zona cuando termine nuestro plazo", informó Schürer.
Sin embargo, para los ecologistas esto no es suficiente. Freddy Vargas, miembro de AECO, dijo que ya tienen un plan de acción para solicitar al Gobierno que reconsidere su posición.
"Haremos movilizaciones, audiencias públicas y una campaña de presión y denuncia internacional contra la actual administración", enfatizó el ecologista.
Ante esta amenaza, la respuesta del Poder Ejecutivo y la compañía no se hizo esperar. "Nos preocupa que algunas organizaciones ecologistas hagan sus observaciones hasta el final. Hemos sido muy detallistas y exigentes; la empresa cumplió con todo. Por eso se dio el permiso", declaró Castro.
Por su parte, el gerente de Novontar agregó: "Nuestro proyecto se basa en estudios de impacto ambiental debidamente aprobados por las instancias gubernamentales. Contamos con los estándares internacionales más altos en cuanto a explotación minera. Seguimos adelante."
Colaboró en esta información Marianela Jiménez, redactora de La Nación.
