La UCR cobró a los alumnos de dos posgrados de Odontología una contribución “voluntaria” de hasta $21.000 (¢11, 3 millones) como requisito para su permanencia en estas especialidades.
Los estudiantes pagaron, desde el 2009 y hasta el 2015, pese a que el cobro carecía de estudios técnicos que lo justificaran. Esto ocurrió en las especialidades de Odontopediatría (odontología para niños) y Prostodoncia (prótesis dentales) cuyos cobros se justificaron con base en “acuerdos generales” de la Administración para la compra de materiales y equipo.
Así se desprende de una investigación que la Oficina de la Contraloría Universitaria realizó tras recibir una denuncia.
Esa dependencia corroboró que se cobraban $14.000 (¢7,5 millones) en el posgrado de Odontopediatría, los cuales se pagaban en cuotas semestrales de $3.500 durante los dos años que duraba la especialidad. Además, en Prostodoncia se cobraba un monto de $21.000 que se cancelaba en tres abonos de $7.000 durante los tres años que duraba la especialidad.
Estos cobros eran adicionales al pago de la matrícula.
“Al ser la educación odontológica tan cara, ellos cobraron estos montos a los estudiantes, pero el pago era voluntario. El cobro se hizo como parte de los proyectos de Extensión Docente que es una forma de captar recurso”, explicó Cecilia Díaz, decana del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la UCR. Díaz no supo responder cuántos estudiantes pagaron y cuánto dinero se recaudó.
Sin consentimiento. Según el informe, los cobros se realizaron sin un consentimiento formal y expreso de los estudiantes.
De acuerdo con el documento, el director de los posgrados de Odontología, Ottón Fernández, explicó que, al finalizar la entrevista con el estudiante, se le hace consciente de que “debe” efectuar el pago.
“Tiene dos semanas para decidir. Si no existe argumentación en contrario, queda por sentada la aceptación”, dijo Fernández a la Contraloría Universitaria. Según él, “no había una consecuencia real para quien no lo pagara”.
Se le intentó consultar detalles de estos cobros, pero indicó, por correo, que estaba fuera del país. Se le enviaron las consultas, pero, al cierre de edición, no las había respondido.
Según consta en el informe, Fernández expresó que el dinero se usó para la compra de biomateriales dentales, equipos dentales y mantenimiento de equipos.
Coerción. A pesar de que Díaz y Fernández afirman que era una cuota voluntaria y que no había consecuencias si no se pagaba, el informe y testimonios de alumnos revelan lo contrario.
Una estudiante de Odontopediatría, que solicitó mantener su nombre en reserva, denunció que, por no haber realizado el pago, recibió malos tratos y sufrió repercusiones académicas y personales.
La investigación de la Contraloría reveló que si los alumnos se pasaban de la fecha de pago, se les cobraba un 20% de multa. Los mecanismos de cobro incluyeron cartas de recordatorio y mensajes a celulares.
Incluso, el informe detalla que el decano de la Facultad de Odontología, del 2009, envió a la decana del SEP, de ese entonces, una sugerencia: “Le propongo analizar la posibilidad de que al estudiante que no esté al día en su pago, no se le permita presentar su trabajo de graduación, hasta que haya cancelado la cuenta”.
A pesar de estas situaciones, los investigadores no hallaron irregularidades y se limitaron a dar recomendaciones.
La decana Díaz explicó que conoció de las multas y los mecanismo de cobro hasta que la Contraloría les comunicó que haría una investigación.
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, se enteró cuando la Contraloría hizo el informe.
Jensen manifestó que estos posgrados ya reciben dinero de la Universidad para funcionar. Por este motivo, el cobro no debió realizarse.
“El informe no señala ninguna irregularidad, lo que sí dice es que el procedimiento no fue el correcto. Esos cobros no debieron realizarse; tenemos que analizar (si se les devuelve el dinero a los alumnos). En la UCR hay un sistema jerárquico de autoridad y a quien le corresponde atender el asunto es a la decana (Díaz)”, dijo Jensen, quien también desconoce cuántos alumnos pagaron las cuotas.
El dinero se dejó de cobrar a finales del 2015 tras la investigación y las quejas de alumnos.