Los magistrados manifestaron en un comunicado de prensa que uno de los hechos relevantes que analizará es la supuesta violación al derecho a la educación en el que incurre el Ministerio de Educación Pública, "considerando el fundamento, la modalidad y formato, bajo los cuales ejecuta actualmente las pruebas de bachillerato".
Vasquez sostiene en la queja que "las pruebas de bachillerato fueron creadas irregularmente por medio de un decreto ejecutivo, lo cual constituye una limitación al derecho a la educación, que coarta a los estudiantes la continuidad de los estudios en centros universitarios públicos y privados".
"Altas autoridades del MEP y del sector educación han objetado y demostrado que, desde el punto de vista técnico y académico, las pruebas de bachillerato no han cumplido con los parámetros para las cuales fueron diseñadas, que éstas han perdido vigencia y el objetivo para el cual fueron establecidas, señalando que el progreso de la enseñanza no depende de los exámenes de bachillerato ya que éstos se convirtieron en un fin en sí mismo", explicó el legislador en su recurso.
Por último, señaló que existen desigualdades entre los estudiantes, porque no todos (según si están en educación ) no reciben la misma cantidad y calidad de lecciones.
Además, agregó que la misma Defensoría de los Habitantes, desde el 2008, recomendó al Consejo Superior de Educación valorar la pertinencia de continuar aplicando las pruebas de bachillerato, así como disminuir el valor de éstas en la nota de egreso de secundaria.
"La pérdida de estas pruebas se han constituido en una verdadera limitante al ejercicio libre de la educación, con el perjuicio moral y psicológico que significa para los estudiantes rezagados, quienes, al no poder superarse, quedan sumidos en una condición de vulnerabilidad social" afirmó el diputado Vásquez Castro.
La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, dijo que se referirá a este asunto en el transcurso de la tarde.
