La negociación para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2024 comenzó el pasado viernes sin que se divulgaran montos para discutir. Las universidades, sin embargo, llegan decididas a que la cifra de la que partirán son los ¢564.000 millones recibidos para 2023 más el 1% de reconocimiento por inflación.
Las cantidades se pondrán en la mesa hasta este 13 de junio.
“En una negociación del FEES, nosotros lo que estamos garantizando es que las universidades públicas puedan continuar educando a más de 140.000 estudiantes que actualmente están matriculados. Sin la educación este país no puede salir adelante”, afirmó Emmanuel González, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Esa organización reúne a los jerarcas de las cinco casas de enseñanza pública que se distribuyen el Fondo: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).
González recordó que el FEES es el dinero que por mandato constitucional el Estado le designa a las universidades públicas todos los años. Dicho aporte está amparado en el artículo 85 de la Carta Magna.
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Sin embargo, dijo, “no es solo ir a aplicar una fórmula matemática que está definida por un mandato constitucional”. Insistió en que el Gobierno debe dejar de ver la educación como un gasto, ya que en realidad es una inversión.
“Estamos en una emergencia nacional en temas de educación, hoy sabemos que hay más de 2 millones de costarricenses que no cuentan con el bachillerato de colegio, estamos conscientes que los jóvenes que salen de quinto año ( décimo grado) salen con un perfil de un estudiante de segundo año (octavo grado)”, argumentó.
Cada año, el FEES es definido por una Comisión de Enlace en la que participan los rectores y representantes de Gobierno. En 2022, tras las tensiones por un intento del Ejecutivo de reducir el monto en relación con el año anterior, las partes llegaron a un acuerdo.
Uno de los aspectos del convenio fue el reconocimiento del 1% por costo de vida. Sin embargo, quedó pendiente ese pago, el cual el Gobierno haría frente con un presupuesto extraordinario.
“Tanto el ministro de Hacienda (Nogui Acosta) como el presidente (Rodrigo Chaves), en entrevistas que han concedido, se sienten muy orgullosos de que después de 40 años han logrado bajar el gasto en la deuda pública y ellos consideran que se ha venido estabilizando el país financieramente; entonces, nosotros esperaríamos que bajo esas condiciones ese 1% sea habilitado para hacerse uso en este periodo”, expresó González a La Nación.
De acuerdo con el presidente del Conare, si el Gobierno argumenta en algún momento que no se podrá dar ese 1%, pues todos los rectores deberán tomar una decisión, pero actualmente tienen claro el objetivo y es “recuperarlo”.
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Por su parte, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, se negó a hablar de montos. Dijo, que eso quedará para el segundo encuentro.
Compromisos cumplidos
Otro de las acuerdos del 2022 fue el cumplimiento por parte de las “U’ públicas de una serie de criterios, los cuales fueron revisados por la Comisión de Enlace el primer día de las nuevas negociaciones, el viernes 2 de junio.
Estas son las metas:
- Del 100% de la población estudiantil, 54% de las matrículas corresponderá a estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social.
- Se definirá una metodología para el cálculo del costo por estudiante por carrera a más tardar en diciembre de 2023.
- Incrementar en 25% la totalidad de las carreras acreditadas y reacreditar el 100% de aquellas que ya cuentan con esa condición.
- Alcanzar al menos el 15% de la población de graduados con dominio certificado (nivel B2) del idioma inglés.
- Incrementar al 35% del total la cantidad de proyectos de investigación vinculados, directamente, con sectores productivos y organizaciones de bienestar integral de las comunidades.
- Alcanzar el 20% de cursos bajo modalidad virtual en relación al total de cursos de pregrado, grado y posgrado.
- Incrementar al 20% la cantidad de estudiantes de primer ingreso en carreras de alta demanda laboral.
- Incrementar a un 50% el número de estudiantes que cursan carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingenierías, Matemáticas). En sedes regionales el aumento será del 40%.
- Incrementar al menos al 15% la inversión en investigación, desarrollo e innovación extensión y acción social en relación con el monto del FEES.
“Nosotros negociamos con ellos (Gobierno) una serie de criterios, compromisos y 23 indicadores, es razonable que el Poder Ejecutivo defina prioridades, ya nosotros los teníamos incorporados en planes pero lo que hicimos fue ponerles metas. El ejercicio es sano, positivo y las universidades estamos abiertas para poder lograr esos criterios que vienen a beneficiar a los costarricenses”, dijo González.
Tras la revisión, Müller manifestó que van “bien”. Vamos a sentarnos con un equipo a revisar los puntos de mejora, pero creo que estamos todos de acuerdo en para dónde vamos y qué queremos lograr”.