Juan Carlos Calvo fue el último maestro de la escuela Santa Clara.
Él llegó a ese centro educativo de Tobosi de El Guarco, Cartago, en 2016, cuando apenas quedaba un estudiante. Al año siguiente llegaron cuatro niños más, miembros de nuevas familias que hallaron trabajo en la zona.
Sin embargo, en 2018, dos de esos estudiantes pasaron al colegio y los otros dos que quedaban se fueron del pueblo.
Fue entonces cuando se decidió cerrar la escuela de manera definitiva. La matrícula quedó en cero y pareciera que así se mantendrá.
Dos años después del cierre, en el pueblo de Santa Clara de Tobosi solo hay un niño que aún no cumple los tres años. Es el único en el poblado de 50 personas.
“En ese pueblo son muy pocas las familias, hay muchachos adolescentes y muchos adultos mayores. Son pocas familias las que hay. Yo tuve que dejar la escuela por eso, porque me quedé sin alumnos”, relató el docente.
Historias como esta son las causantes de la denominada matrícula nula que ha llevado al Ministerio de Educación Pública (MEP) a poner candado a 92 centros educativos entre 2010 y 2019, un promedio de 9 al año. A finales de 2020, el Ministerio cerrará cuatro primarias más.
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La información está incluida en un informe de la Auditoría del MEP dado a conocer la semana anterior, en el cual se plantean críticas al proceso de cierre de centros educativos, al considerarlo insuficiente.
Matrícula, docentes y fondos
Según datos del MEP, en 2007 había en primaria 513.805 alumnos, la planilla en ese entonces, era de 57.728 funcionarios y el presupuesto de ¢676.659 millones.
En 2020, la cantidad de alumnos bajó a 472.748; la de funcionarios aumentó a cerca de 85.000 y el presupuesto a ¢2,6 billones
El Ministerio tiene actualmente 4.471 centros educativos en funcionamiento.
Solo el año pasado, cerraron las escuelas Estero Colorado, La Tigra y Las Vegas, en Coto Brus, zona sur; y Las Brisas, en Liberia, según el informe de auditoría.
Para finales del 2020, cerrarán la Escuela Arcos de Nosara, en Nicoya; la San Julián, en Quepos; La Lucha, en Coto Brus; y la Escuela San Pablito, en Pérez Zeledón, según informó Reynaldo Ruiz, director de Planificación Institucional del MEP.
La tendencia, explicó, es que se mantenga el cierre de unas cuatro escuelas por año por la falta de estudiantes.
No obstante, aclaró, mientras haya alumnos, aunque sea uno solo, el centro educativo se mantiene abierto porque prevalece el derecho a la educación.
“Viendo las estadísticas, el cierre de centros educativos va hacia la baja, por lo que los cierres que se han dado últimamente es porque ya la población estudiantil es cero. En otras palabras, no es que el MEP abra escuelas con un alumno, al contrario, las escuelas que ya tienen menos alumnos es porque los demás ya han egresado hacia secundaria y no hay más población estudiantil que atender.
“En su momento, esas escuelas tuvieron alguna matrícula mayor, pero con el pasar de los años, van quedando solo los que faltan de egresar a otras modalidades”, explicó Ruiz.
Baja natalidad
Según el V Informe del Estado de la Educación, dado a conocer en 2015, la disminución generalizada de la población de primaria es producto de las migraciones por empleo, la transformación de los barrios en zonas comerciales y, principalmente, de la reducción en la natalidad.
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La proyección para los próximos años es que la población escolar seguirá en descenso, producto de la baja en la tasa de fecundidad. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que la población de 0-14 años pasará de ser el 22,2% en 2018 al 20,5% en 2025
El VII Informe del Estado de la Educación dijo que la baja en la matrícula, lejos de ser una amenaza, brinda la oportunidad de gestionar políticas y recursos que permitan mejorar la calidad de la oferta educativa en las aulas de primaria, pero el país no está avanzando con la celeridad requerida para aprovecharla.
Se sugirió la posibilidad de agrupar escuelas unidocentes ubicadas a menos de cinco kilómetros una de otra, de modo tal que se pudiera contar con un centro bien equipado que brinde a los niños de zonas rurales una educación de calidad, en lugar de varios planteles con graves carencias de infraestructura, docentes y recursos.
Según Reynaldo Ruiz, cuando se cierra un centro educativo se le termina el contrato a los docentes interinos; si tienen propiedad, se reubican en otras escuelas.
Explicó que, con la pandemia, la educación a distancia es una forma de atender de acá en adelante a escuelas con pocos alumnos.
“Se puede pensar en nuevas propuestas de consolidación de centros educativos, acordémonos que los cursos lectivos venideros ahora pudieran ser presenciales y virtuales; hay que replantearse con la emergencia”, manifestó el funcionario.
Críticas
Freddy Monge, de 44 años, es el vecino más cercano de la que fuera escuela Santa Clara. Desde que cerró, hace dos años, él y otros pobladores se turnan para darle mantenimiento al edificio. Barren, limpian y cada año le echan una mano de pintura, pues, para ellos, es patrimonio.
Las instalaciones se usan para hacer misas, rezos (en el pueblo no hay una iglesia) y reuniones de los vecinos.
“Ese terreno era del Inder (Instituto de Desarrollo Rural) nunca le perteneció al MEP y no se hizo el traspaso cuando estaba la Junta de Dducación. En el 2008, se trató de que se pusiera la escuela a nombre del MEP, pero al final no se concretó. El año pasado se hizo el traspaso a la Municipalidad de El Guarco en una sola escritura con la plaza”, contó Monge.
Sin embargo, en la mayor parte de los casos, cuando se trata de inmuebles del Ministerio la situación pareciera ser más complicada.
El informe de auditoría 12-20 señaló que en el MEP no tiene un procedimiento que determine las gestiones a realizar en las regiones por parte de las Juntas de Educación de los centros educativos cerrados.
No se establecen los pasos a seguir para disponer de la infraestructura y el terreno que se desocupará ni la liquidación de los saldos en las cuentas bancarias y disolución de la Junta de Educación.
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La Auditoría consultó a 11 direcciones regionales de Educación con escuelas que cerraron en 2017 y 2018, sobre la liquidación de saldos de estas juntas.
Las respuestas revelaron que la mitad de las Juntas de Educación liquidaron saldos de las cuentas bancarias; no obstante, un 30% no realizaron esa gestión por lo que hay fondos que continúan en cuentas bancarias activas.
Por otra parte, el 15 % se encuentran en proceso de liquidación y el restante 5% de las Juntas no respondió a la consulta.
“Asimismo, en la información remitida por estos departamentos se evidenció que algunas de las Juntas trasladaron los saldos a otras Juntas de Educación como una donación y otras devolvieron los fondos al Estado por medio de enteros de gobierno”, indicó el informe.
La Auditoría solicitó al director de Planificación Institucional del MEP, implementar un procedimiento para el cierre de centros educativos mediante el cual se definan claramente los trámites a realizar con relación al mobiliario, terrenos, infraestructura, entre otros.
Sobre esta instrucción, Ruiz dijo que hubo atraso en definir estos procedimientos, pero aseguró que ya no se da porque hay una mejor articulación en las direcciones regionales correspondientes.