Doce jóvenes admitieron fraude en bachillerato para evitar juicio
Muchachos se acogieron a proceso especial y realizaron plan de reparación
Entre los colegios allanados por el OIJ y la Fiscalía está el Liceo Experimental Bilingüe de Siquirres. Al parecer, los estudiantes pagaron entre ¢10.000 y ¢35.000 por tener la solución a las pruebas. | ALEJANDRO NERDRICK Alejandro Nerdrick
Entre los colegios allanados por el OIJ y la Fiscalía está el Liceo Experimental Bilingüe de Siquirres. Al parecer, los estudiantes pagaron entre ¢10.000 y ¢35.000 por tener la solución a las pruebas. | ALEJANDRO NERDRICK (Alejandro Nerdrick)
Doce jóvenes aceptaron haber cometido fraude cuando realizaron las pruebas de bachillerato en un colegio privado de Matina, Limón, en noviembre del 2014.
Ellos se acogieron a una salida alterna al juicio, denominada suspensión del proceso a prueba. El requisito fundamental es que los imputados admitan los hechos que les atribuye la Fiscalía y cumplan un plan reparador del delito cometido.
De acuerdo con la oficina de Prensa del Ministerio Público, a los jóvenes, al director del centro educativo, de apellido Acevedo, y a un delegado del MEP, de apellido Zapata, se les acusó por el delito de cohecho propio.
Según el artículo 341 del Código Penal, incurre en esa conducta "el funcionario que por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptara la promesa directa o indirecta de una retribución para hacer un acto contrario a sus deberes, o para no hacer o para retardar un acto propio de sus funciones".
Se castiga con prisión de dos a seis años y con la inhabilitación para el ejercicio de cargos y empleos públicos.
En el caso específico de los muchachos se aplicó la figura de penalidad del corruptor que establece las mismas penas a quien "dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida".
El caso, sin embargo, no llegó a juzgarse por la suspensión del proceso a prueba en el caso de los jóvenes. Ellos cumplieron un plan que no se dio a conocer por considerar que en aquel momento, ellos eran menores de edad.
"El caso fue cerrado con un sobreseimiento definitivo a favor de los mismos", dijo la Fiscalía.
Alumnos pagaron hasta ¢35.000 por tener respuestas (EDGAR JIMÉNEZ Y HULDA MIRANDA / LA NACIÓN)
El Ministerio Público tramitó en un expediente aparte, bajo el número 14-001841-0472-PE, la investigación contra el director del colegio y el funcionario del MEP. Esta pesquisa se encuentra en la etapa final de investigación.
Ambos imputados tienen medidas cautelares que aplican durante todo el proceso; estas son: impedimento de salida del país, no comunicarse en relación con los hechos investigados con testigos o imputados de la causa y prohibición para tener acceso o aplicar pruebas de bachillerato.
Lo sucedido
La causa se inició luego de que trascendiera que los jóvenes recibieron los resultados de al menos dos de las pruebas de bachillerato del Ministerio de Educación Pública (MEP), horas antes de que se realizaran.
Según la investigación, el director del colegio privado Gilander, de apellido Acevedo, habría enviado las respuestas de las pruebas a los alumnos, mediante mensajes de WhatsApp, para que ellos las vendieran a otros colegiales en cinco centros educativos limonenses.
El fraude quedó al descubierto cuando una madre alertó a las autoridades de uno de los centros educativos, y estas, a su vez, denunciaron el hecho.
La Fiscalía de Limón detuvo al docente y al delegado del MEP. Este último era el encargado de trasladar los paquetes con los exámenes desde la sede de la Fuerza Pública hasta dicho centro.
Al parecer, Zapata recogió más temprano de lo usual las pruebas de Español y Matemáticas (aplicadas el 4 y 5 de noviembre del 2014) y las llevó al Colegio Gilander, donde, supuestamente, Acevedo resolvió las preguntas.
Horas más tarde, al parecer el director envió las respuestas a estudiantes de su mismo colegio, quienes las reenviaron a alumnos del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres y de los liceos de Venecia, Matina y Cuba Creek, también en Matina.
Se presume que los jóvenes vendieron la información a cambio de ¢10.000 y hasta ¢35.000 y, en apariencia, los dos funcionarios recibieron una comisión.
En noviembre del 2014, la Fiscalía decomisó 105 celulares a estudiantes limonenses, durante un allanamiento en cinco centros educativos de la provincia de Limón.
