EscucharEl director ejecutivo del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), Juan Ricardo Wong, tiene claro que hay universidades privadas que aplican cobros excesivos por diferentes trámites; pero sostuvo que hay situaciones en las que por ley no pueden intervenir.
En entrevista con La Nación, Wong indicó que los estudiantes pueden preguntar al Consejo por las tarifas de los cursos, ya que los centros de enseñanza no pueden cobrar más de lo que les autoriza. Eso sí, dejó claro que el Conesup solo regula el precio de matrícula, cursos y el costo administrativo del trabajo comunal universitario (TCU).
“Lo que nos hace falta es poder regular lo que son los otros trámites; por ejemplo, las certificaciones, somos conscientes de que hay universidades que abusan”, aseveró Wong.
El Conesup es el ente encargado de fiscalizar e inspeccionar las casas de enseñanza privadas y está adscrito al Ministerio de Educación Pública (MEP).
En julio pasado, se realizaron cambios al reglamento de la ley del Consejo tras un consenso con 90 instituciones, en las cuales figuran las 53 universidades privadas, el Consejo Nacional de Rectores (Conare), la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) y las cámaras empresariales.
De acuerdo con Wong, los cambios implementados permiten reforzar la inspección de las universidades en aspectos de calidad académica, regular la educación virtual y responder con mayor agilidad a las quejas. No obstante, en una conversación con este diario, admitió que hay algunos aspectos pendientes.
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Juan Ricardo Wong, director ejecutivo del Conesup, sostuvo que el nuevo reglamento del Consejo permitirá reforzar la supervisión sobre la calidad académica de las universidades privadas.
- Se realizaron cambios en el reglamento que al parecer debilitan la institución. ¿Cómo percibe usted esos cambios?
Estamos frente a un reglamento de elaboración participativa y consensuada por todas las partes. Entonces, a mí me extraña cuando escucho que en lugar de fortalecer sale debilitado, cuando el documento tiene la incorporación de muchos actores, bajo una revisión amparada a lo que la ley exige.
- ¿Cuáles cree que son los cambios más importantes que se realizaron?
“Se reguló en una forma bastante clara la educación virtual. Vino para quedarse y eso lo están adoptando las mejores universidades en el mundo. Entonces, lo que se hizo fue regular de una forma más precisa la educación virtual. Lo que permite es la búsqueda de la internacionalización de la educación superior privada, que eso es lo que necesitamos, tener el contacto con el exterior para efecto de intercambiar estudiantes, profesores; eso no lo permitía el Conesup.
“También permite que una universidad privada de Costa Rica y una internacional nos suscriban un convenio, homologuen títulos y se pueda generar la doble titulación. Luego, se recortaron requisitos que no tenían nada que ver. Pedían cosas que eran para procesos de acreditación, que los hace Sinaes y no para procesos de autorización; eso generaba una pega en muchas solicitudes.
“Otra cosa que ha generado mayor fluidez es la parte de inspección, porque antes se supeditaba a corregir errores reactivos de los criterios que pedía el departamento de análisis curricular y se abocaba simplemente a revisar que realmente existiera el requisito, cuando la inspección debería preocuparse por la calidad.
“Con este nuevo reglamento van a ocurrir dos cosas importantísimas: primero va a ser más riguroso el proceso de inspección para efecto de alinear a todas las universidades en calidad académica, y segundo, ha generado la posibilidad de que mucha universidades de gran prestigio como Texas Tech o Complutense de Madrid ya hayan pedido información para ver si abren una sede aquí”.
- Existen quejas de estudiantes en cuánto a calidad del profesorado. ¿A dónde acuden los alumnos cuándo tienen esos problemas?
El Conesup tiene una instancia donde hacer consultas sobre quejas y eso se canaliza a través de los departamentos correspondientes. Nosotros tenemos varias investigaciones que nos van a permitir alinear a esas universidades; si no se alinean, van a tener problemas.
-¿Hay universidades que estén generando algún tipo de problema?
Las denuncias que hace la gran mayoría de estudiantes son, por ejemplo, que los profesores no se apegan al reglamento. Los reglamentos de las universidades son revisados por el Conesup, pero la solución a los problemas que se derivan primero debe agotarse en la vía de la universidad; si la universidad no soluciona el problema ahí intervenimos.
“Nosotros no podemos intervenir por oficio, somos reguladores. Ahora, con este nuevo reglamento, quiero esa inspección de oficio para efectos de alinear a esas universidades que no están cumpliendo con algunas cosas”.
- Otro cambio es el cobro del TCU. ¿Qué se le puede decir a los estudiantes que ya pagan mucho dinero y que ahora tienen que depositar más?
El TCU no se cobra. Lo que se incorporó en el artículo 19 es que el TCU es totalmente solidario y gratuito. Lo que se está permitiendo es un cobro administrativo asociado a la administración del TCU, pero las universidades tienen que pedir la solicitud.
- ¿Ese cobro administrativo a qué se refiere?
Los gastos en los que la universidad incurre, por ejemplo, los profesores, porque el TCU es gratuito pero hay una estructura de seguimiento y eso lo establecieron los mismos actores, que ese cobro administrativo sea autorizado bajo la metodología que nosotros tenemos, ahí estamos hablando de montos que no superan los ¢50.000
-Claro, pero ¢50.000 es un monto bastante alto. ¿Es el monto máximo que pueden cobrar?
Nosotros lo analizamos. Tenemos una metodología que pide costos de profesores, viáticos, planilla, para darle seguimiento a los programas de TCU. Con base en eso, nosotros analizamos si el monto realmente es objetivo. Si no es objetivo, nosotros le decimos no.
-Pero entonces, ¿el TCU sí se está cobrando, porque si no pagan ese costo administrativo no lo pueden hacer?
Sí, pero no es el TCU, porque si cobráramos el TCU como un curso estaríamos hablando de ¢200.000 o ¢130.000. Estamos hablando de un cobro administrativo asociado al proceso de seguimiento.
-¿Y sobre los otros cobros qué se les dice a los estudiantes?
Nosotros cuando aprobamos una tarifa le pedimos a la universidad que lo comunique. Por ejemplo, una matrícula que se le aprueba en ¢120.000 no puede cobrar más de eso, por eso estamos regulando también el costo administrativo del TCU, para que no abusen.
“Entonces, ya tenemos regulado eso, lo que nos hace falta es poder regular lo que son los otros trámites, por ejemplo, certificaciones. Somos conscientes de que hay universidades que abusan. No se puede regular porque la ley no lo permite”.
- ¿El Conesup permitirá crear universidades solo con presentar planos?
La ley de construcción dice que una universidad que quiera construir una sede necesita el permiso del Colegio Federado de Ingenieros, pero para el visto bueno de la construcción necesita el aval del Departamento de Infraestructura Educativa del MEP (DIE).
“Lo que nosotros recibimos es el plano constructivo aprobado por el CFIA, que trae a su vez el visto bueno de la DIE, lo que nos permite ir adelantando la parte académica. O sea, con planos constructivos no se autoriza el funcionamiento; se autorizan las carreras que van a ser impartidas, de tal manera que cuando ya la universidad construya la sede, el Conesup aprueba el funcionamiento”.
- El Estado de la Educación indica que no hay información sobre universidades privadas. ¿El Conesup conoce cuántos estudiantes y profesores hay y los estados financieros de las instituciones?
Eso es una parte confidencial. Para poder aprobar tarifas, las universidades tienen que presentar estados financieros, certificados por contadores. Entonces, nosotros sabemos automáticamente cuál es el potencial financiero de la universidad, eso sí lo manejamos.
“El antiguo reglamento no nos permitía hacer encuestas a estudiantes ni profesores; el nuevo sí lo permite. Vamos a empezar a recopilar información que es fundamental para la toma de decisiones, justamente para realimentar lo que el Estado de la Educación menciona de que falta más información de las universidades privadas. Vamos a saber cuántos estudiantes tiene cada universidad”.
- ¿Hasta el momento no lo saben?
Lo tenemos, pero no de una forma oficial por parte de la universidad. Sí lo tenemos, manejamos un aproximado (de estudiantes). Ahora sí podemos tener esa información, ya vamos a empezar a recopilar esa información, tenemos que hacerlo.
- ¿Hay calidad educativa en las universidades privadas?
Aquí tenemos unas 20 universidades que pueden competir con las estatales y muertas de risa. Una inversión en tecnología increíble. Yo sí siento que hay calidad, pero hay muchas universidades que hay que alinearlas en ese proceso. Podemos tener entre 20 y 25 universidades que son top y que, lo que hacen, lo hacen bien.
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