ana katharina muller Un informe de la Contraloría emitió una orden para la ministra de Educación, Anna Katharina Müller. Foto: Archivo
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, elaborar una política de planificación para el sector educativo que atienda los problemas actuales y futuros de la comunidad estudiantil.
La política debe partir del estado actual de la educación, para definir enfoques, lineamientos y metas, así como indicadores para la evaluación, entre otros elementos.
El plan tendrá que ser analizado, discutido y aprobado por el Consejo Superior de Educación (CSE), el cual se encargará de oficializarlo y darlo a conocer.
La orden de la Contraloría surgió luego de que uno de sus informes encontró que la planificación del sistema educativo no se efectúa con una visión integral, al tiempo que existe un bajo cumplimiento en el objetivo de lograr una estructura participativa, coordinada y prospectiva entre todos los niveles.
De acuerdo con la Constitución Política, el sistema se conforma desde preescolar hasta el ciclo universitario y, en buena teoría, las entidades a cargo de cada etapa deben estar coordinadas entre sí para alcanzar objetivos comunes que permitan generar efectos e impactos positivos en el servicio.
Sin embargo, el informe DFOE CAP IAD 00012-2023 deja en evidencia que eso no sucede, lo cual podría afectar el uso óptimo de recursos y la generación de valor público.
Según el ente contralor, los resultados indican la ausencia de un involucramiento activo de las partes interesadas del sistema educativo que genere insumos como datos, estadísticas, análisis sectoriales, así como la participación ciudadana en la planificación integral en la formulación, desarrollo y toma de decisiones del proceso.
Tampoco existen espacios de reflexión, consulta, o mesas de trabajo que analicen los escenarios, pronósticos o estimaciones y que permitan generar alternativas de desarrollo integrales.
Además, la CGR insiste en señalar la ausencia de una visión de largo plazo que priorice objetivos y estrategias para atender las necesidades educativas actuales y futuras.
La Nación solicitó una posición, vía correo electrónico, a las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.
