Omar Jiménez es fiscal penal juvenil y cumple una función represiva: busca a delincuentes para enviarlos a la cárcel.
Pero a Jiménez últimamente se le ha visto con frecuencia en colegios, conversando con estudiantes, padres y docentes sobre los riesgos de las megafiestas intercolegiales.
La complejidad y rápida evolución de estos eventos juveniles sin supervisión adulta responsable, han obligado a instituciones como el Ministerio Público y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) a plantearse que vayan más allá de los operativos.
En los últimos dos años, el ICD ha intervenido, con carácter preventivo, en más de 30 colegios privados del país, cuyos directores le solicitaron ayuda para frenar y prevenir el consumo de alcohol y otras drogas entre sus alumnos.
Recientemente, este instituto se alió con la Asociación Nacional de Educación Católica (Anadec), que agrupa a unos 50 centros educativos privados y semiprivados.
Los riesgos que han detectado en estos eventos intercolegiales, los ha obligado a acercarse a docentes, orientadores, alumnos, padres y hasta a los dueños de las quintas que se contratan para hacer estas actividades.
“Realizamos una labor preventiva visitando escuelas y colegios que lo pidan. Les damos charlas sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil y dedicamos mucho tiempo a conversar con orientadores, directores y profesores”, dijo Jiménez.
“Hemos estado trabajando con unos 30 colegios privados. Para los públicos tenemos el Programa “Saber elegir, saber ganar”, explicó Carlos Alvarado, director del ICD.
Un proceso. El ICD dará a conocer en noviembre un protocolo interinstitucional para saber cuál tarea le corresponde a cada entidad cuando reciba una denuncia por alguna anomalía en estas fiestas.
Parte de la tarea consiste en explicar los peligros y riesgos legales a los cuales se exponen los jóvenes, y cómo plantear denuncias.
Este acercamiento con los colegios ha permitido a las autoridades compartir con papás y profesores información recabada en los operativos sobre cómo los jóvenes se saltan controles, organizan las fiestas y qué ocurre en ellas.
Fray Wálter Loáiciga, director del Colegio Saint Francis y presidente de Anadec, resaltó que si bien se trata de actividades extracolegiales, hacerlas es indispensable para una educación integral.
Para Loáiciga, los talleres con el ICD ponen “en sintonía” a los padres con el centro educativo.
Mónica Golfín, orientadora del Colegio de La Salle, aseguró que en su centro educativo han tenido visitas recientes del ICD, la Fiscalía y la ONG EducaAlcohol, entre otros.
“Trabajamos tanto con docentes como con padres y estudiantes. La idea es asesorar a los papás sobre cómo manejar esto y que desarrollen más malicia”, dijo Golfín.
“Hemos dado conferencias y comunicados para apelar a la consciencia de los padres”, añadió Francisco Velásquez, director del Colegio de La Salle.
Como parte de la estrategia de ataque a los delitos que se pueden cometer en estos eventos, el ICD ha entablado relaciones con padres de jóvenes organizadores y con dueños de propiedades y quintas donde se efectúan las fiestas.
José González Morera, quien es intermediario en el alquiler de quintas, acordó incorporar en los contratos de alquiler una cláusula para permitir el ingreso de la Policía cuando esta lo solicite.
Sin este permiso, el ICD tendría que pedir una orden de allanamiento, al ser una propiedad privada.
“La madre de una joven organizadora me llamó para ver cómo podemos hacer fiestas legales. Para los jóvenes es un trauma que lleguemos con policías y perros. Nosotros vamos a rescatarlos, pero ellos no tienen ganas de que los rescaten”, concluyó Alvarado.