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La Ley del derecho al olvido oncológico estaría por aprobarse, en primer debate, este martes 22 de setiembre. Se trata de la iniciativa que permitiría eliminar de los antecedentes médicos, el haber padecido cáncer, siempre y cuando, la persona hubiese alcanzado la remisión completa de esa enfermedad.
El proyecto busca que después de haber terminado un tratamiento oncológico sin recaídas, el paciente no tenga que declarar que tuvo esa enfermedad ante entidades financieras (aseguradoras y bancos).
Sin embargo, Carmen Monge, sobreviviente de cáncer y quien trabajó con el ahora exdiputado Danny Vargas, de Liberación Nacional, en el desarrollo del primer texto del plan de ley (N.° 24.541), cuestionó algunos de los cambios introducidos al texto que se votaría este martes.
Alegó que las modificaciones no son en favor de los sobrevivientes, sino que buscan “proteger a las aseguradoras”. Vargas coincidió con ella y lamentó que se hicieran distinciones en el tiempo de remisión, según el tipo de cáncer que padeció la persona.
En específico, Monge criticó que se introdujera la obligatoriedad de presentar una certificación médica para documentar quién tiene el derecho al olvido y que los sobrevivientes de cáncer solo pueden optar por seguros de vida, cuando estén vinculados al trámite de un crédito bancario.
Para ella, esas pautas promueven una discriminación indirecta contra las personas que superaron esta enfermedad.
“Con respecto a la certificación no está claro en qué momento puede pedirla la aseguradora, queda el portillo abierto para que la pidan desde el principio solo por tener dudas. No es una simple epicrisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sino que debe especificar si uno está libre de cáncer o si lo tuvo hace 10 o 20 años”, explicó Monge.
Agregó que ese requisito ocasionaría además, un gasto adicional, pues sería necesario un nuevo examen en la medicina privada.
En concreto, el proyecto de ley establece: “Para efectos de esta ley, se considerará que un paciente se encuentra en remisión completa y tiene derecho al olvido oncológico si ha finalizado su tratamiento médico, curativo, preventivo y adyuvante y esté debidamente documentado a través de certificación médica por parte de la persona oncóloga tratante o comité oncológico, sin episodios de recurrencia”.
‘Ese punto es inconstitucional’
Janice Sandí, diputada liberacionista firmante del nuevo texto, no concuerda con Monge. Ella insistió en que el certificado se solicitará solo en caso de duda razonable.
En cuanto al seguro de vida, confirmó que los sobrevivientes de cáncer solamente tendrían derecho al olvido oncológico, cuando soliciten un préstamo para vivienda y sea necesario contar con una póliza de ese tipo. De cualquier otra forma sería imposible, lo cual para ella es inconstitucional.
“Es el único punto de discordancia entre Liberación Nacional y Pueblo Soberano. Nosotros consideramos que ese punto es inconstitucional porque no se vale que una persona que ya tuvo cáncer, tuvo remisión y se encuentra en la misma situación clínica que cualquier otro costarricense no pueda comprarse un seguro de vida”, recalcó la verdiblanca.
Pese a ese cuestionamiento, Sandí reconoció que Liberación Nacional va a votar a favor el texto sustitutivo, pero anunció que presentará una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, de previo al trámite en segundo debate.
Ejemplificó que el tema del seguro de vida, impuesto por Pueblo Soberano, representaría que aún cuando un niño haya superado el cáncer a los cinco años, cuando sea adulto no podría adquirirlo.
Sobre lo planteado por Monge, que el nuevo texto beneficie a las aseguradoras, la legisladora liberacionista dijo que “nada más alejado de la realidad” y que el texto anterior tenía poco mérito científico.
“Una persona que ya está en remisión, porque su médico así lo certificó, no tendrá que declarar que tiene ese antecedente para efectos de productos financieros que tengan que ver con seguros de salud y solicitudes a la banca”, detalló la diputada.
Texto ‘traveseado’
Por su parte, el exdiputado Danny Vargas lamentó que el proyecto fuera “traveseado” en su parte medular. Aseguró que antes de presentarlo hizo un análisis de derecho comparado con otros países y contó con el acompañamiento de personas expertas en el tema, y de familias y asociaciones que han sufrido limitaciones en cuanto a las pólizas.
“La parte de dejar abierto el tipo de cáncer me preocupa, hay muchos tipos y la interpretación que se pueda dar, desde el punto de vista médico, al pasarlo al financiero, podría ser que cambien los periodos (de remisión entre un cáncer y otro)”, manifestó Vargas.
Para el exdiputado, la diferenciación de tipo de cáncer del nuevo proyecto podría generar inseguridad jurídica.
Mientras, Carmen Monge insistió en que el proyecto de ley anterior era menos complicado. En su criterio, este genera más restricciones y portillos para la discriminación indirecta, algo que dice no ocurre en 14 países donde existe este tipo de leyes.
“Actualmente, cuando uno gestiona un seguro le piden la epicrisis y exámenes médicos. Uno lo presenta y simplemente te pueden rechazar, cobrar más o simplemente no dan respuestas que es lo que me ha pasado a mí por haber tenido cáncer. Esta nueva ley no cambia eso. Dice que no se puede discriminar por haber tenido cáncer, pero a la vez establece que se pueden valorar secuelas médicas, enfermedades concomitantes, entre otros”, concluyó Monge.
Si bien el proyecto inicial, propuesto por Vargas, había sido aprobado en primer debate, a finales de agosto pasado, fue devuelto antes del segundo aval, luego de que se conociera un texto sustitutivo, que es el que se votaría este martes.
