Roxana Víquez fue destituida ayer de su cargo como presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pocos días después de que se revelaron anomalías en la compra de terrenos para viviendas de interés social, efectuada por esa entidad.
La decisión la anunció, en la mañana, el presidente de la República, Abel Pacheco, quien alegó que la jerarca la primera que sale de la nueva administración fue removida por "falta de confianza".
"Somos de convicciones. Estamos aquí por una lucha y todo lo que nos parezca extraño lo vamos a estudiar, y vamos a tomar determinaciones como las que estoy acostumbrado a tomar", dijo.
Las declaraciones las brindó luego de la sesión del Consejo de Gobierno, órgano en el que se ventiló el tema y se leyó un informe de Víquez y otro del ministro de Vivienda, Helio Fallas.
El mandatario también anunció la conformación de una comisión integrada por los ministros Rina Contreras (Presidencia), José Miguel Villalobos (Justicia) y Fallas que investigará los programas de lotes con servicios.
Víquez, quien estuvo al frente del IMAS desde enero del 2000, afirmó, en la tarde, que la estaban culpando "por algo que hicieron otros".
Pacheco dijo que todavía no se ha decidido quién sustituirá a la exjerarca y afirmó que el ministro Helio Fallas estudiará varios nombres con ese fin.
Compra de lotes
La destitución de Víquez se produjo después de que La Nación , en un reportaje publicado el 13 de mayo, dio a conocer que el IMAS pagó ¢62 millones por una finca en San Ramón de Alajuela para construir 40 viviendas para familias muy pobres, a pesar de que algunos sectores del terreno no reunían las condiciones para el proyecto, según un informe de la Contraloría General de la República.
En la compra, que se hizo en enero del 2001, habría mediado la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Liliana Salas Salazar, de acuerdo con la indagación de la Contraloría.
Víquez, en otra publicación de este diario el 16 de mayo, sostuvo que ella firmaba escrituras sin leerlas, porque confiaba en los abogados de la institución.
"Cuando uno ve que se compran lotes que lo que tienen es dos metros de frente y conducen directamente a un barranco, uno dice: aquí hay algo extraño", declaró el presidente, Abel Pacheco.
Investigaciones
José Miguel Villalobos, ministro de Justicia, explicó que la comisión del Poder Ejecutivo indagará, en un plazo de un mes, varios expedientes del Instituto Mixto de Ayuda Social relacionados con la compra de lotes.
Consultado sobre la posibilidad de destituir a otros funcionarios de la entidad, respondió: "Los hechos pasarán a esta comisión de alto nivel y cuando dé su informe se procederá de frente a otros funcionarios, de conformidad con los informes y jerarquías internas de la institución".
El Ministro de Vivienda se mostró anuente a incluir otros aspectos en la investigación que hará la comisión.
Así lo aseguró cuando se le interrogó sobre una solicitud que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dirigió a la Contraloría, para que evalúe erogaciones por ¢1.600 millones que el IMAS ejecutó en otros programas de su accionar, algunos de ellos vinculados a planes de capacitación institucional.
El órgano fiscalizador tramita otra solicitud que formuló la ANEP acerca de la adquisición de cuatro vehículos Pathfinder realizada por el IMAS.
"Sería muy útil que nos pasaran todo lo que la gente nos quisiera aportar", expresó Fallas. En un tono similar se pronunció la titular de la Presidencia, Rina Contreras.
El Consejo de Gobierno acordó, además, pedir la intervención del Ministerio Público, al cual la Contraloría ya remitió su investigación sobre la compra de los lotes en San Ramón.
El Ministro de Justicia aclaró que la solicitud se hizo para darle soporte a los acuerdos tomados por el Gobierno.
