La Contraloría General de la República investiga a siete funcionarios de la Municipalidad de San José por la contratación, en $2 millones, de un fallido sistema informático que pretendía actualizar el catastro del ayuntamiento.
La contratación cuestionada se firmó en el año 2002 con el consorcio mexicano Estudios y Proyectos de Ingeniería Urbana S.A., de C.V. y Argeomática S.A. y debía estar listo en el 2004.
El ente contralor determinó que la empresa contratista no cumplió a cabalidad con los requerimientos del cartel ni con los compromisos de su oferta.
Pese a ello, el ayuntamiento josefino recibió y aprobó los avances del proyecto y autorizó pagos por el 98% de lo contratado.
Esta situación, agrega, podría perjudicar a la hacienda pública con un presunto despilfarro y desaprovechamiento de una inversión de casi $2 millones.
Por este caso, la Contraloría abrió un procedimiento administrativo ordinario contra los siete funcionarios, incluido el alcalde Johnny Araya Monge.
A este último, el ente contralor lo responsabiliza disciplinariamente por no ejercer los controles debidos en el proyecto.
Mientras, a cuatro de los encargados de supervisar y fiscalizar el contrato, se les atribuye presunta responsabilidad civil por la mala ejecución del mismo.
Contra tres de estas personas, Walter Cortés, Rodolfo Sancho y Juan Chaves Arrones, se dictaron como medida cautelar anotaciones a sus vehículos y propiedades con las que resarcirían a la Hacienda Municipal en caso de comprobarse su responsabilidad.
La investigación se extiende a la alcaldesa suplente, Maureen Clarke, y al director legal, Mario Vargas, por haber autorizado pagos superiores a los que les conceden las facultades jurídicas.
Incompleto. La firma contratada debía actualizar el catastro hasta obtener el diseño, alimentación, mantenimiento y funcionamiento del Sistema de Información Geográfica Fiscal (SIGF), partiendo de una base de 72.000 predios que luego subió a 105.800.
El contrato inicial por $1,2 millones aumentó a $1,9 millones al incrementarse el número de predios.
Sin embargo, la Contraloría determinó que el SIGF solo contiene información sobre 80.918 predios, pese a que se pagaron 105.800.
También señala que de los 80.918 predios registrados, la información no estaba completa y aún así la Municipalidad lo aprobó como tarea cumplida y por ello se le pagó al contratista.
Agrega que hoy el SIGF carece de módulos y manuales de mantenimiento, compatibilidad con el software municipal y que la información contenida tiene más de cuatro años de desactualización.
Según la Contraloría , el sistema “tuvo escaso uso y actualmente está prácticamente en desuso, siendo que se encuentra en vías de sustitución por otro sistema de información al no cumplir con las necesidades municipales, pese a que costó casi $2 millones”.
A dar cuentas. Los funcionarios señalados ahora deberán comparecer y presentar descargos en audiencia oral y pública convocada por la Contraloría los días miércoles 24 de marzo, martes 6 de abril y jueves 8 de abril.
El Alcalde josefino manifestó que la contratación del sistema no fue ningún despilfarro de recursos pues produjo beneficios económicos a la Municipalidad.
Por ejemplo, citó que las fotos hechas a los predios permitieron incrementar la recaudación de impuestos en más ¢2.000 millones a partir del año 2003.
Por su parte, Maureen Clarke alegó que, en su caso, hay un error de interpretación de la Contraloría y que los topes no aplican en casos de pagos ligados a contratos refrendados por el ente contralor.
Walter Cortés, quien dirigió el proyecto, manifestó que el informe de la Contraloría es preliminar y que están estudiándolo para presentar el descargo.
Mientras, Juan Chaves alegó que el proyecto se ejecutó bajo todos los parámetros y requerimientos que la normativa jurídica establece y con toda transparencia.
Álvaro Burgos, otro de los investigados, no se pronunció. Su posición, dijo, consta en sus declaraciones ante la Contraloría.
No fue posible conocer el criterio de Rodolfo Sancho, a quien se le dejó mensaje en su oficina.