La secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Yorgina Alvarado, informó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dejó sin efecto una resolución del Consejo de Representantes de la organización relacionada con su expulsión y la del exsecretario de Finanzas, Marcos Rodríguez.
Según un comunicado de prensa difundido por Alvarado, el MTSS determinó que, de acuerdo con los estatutos del sindicato, únicamente la Asamblea General, mediante una votación de dos terceras partes de los presentes, tiene la facultad de acordar la expulsión de una persona afiliada.
“Cuando un órgano incompetente dicta la expulsión o la ratifica sin elevar la votación a una Asamblea General, conforme a la Ley Laboral, se vicia el procedimiento por violación al derecho fundamental de defensa”, señala la resolución del MTSS, según el comunicado divulgado por la dirigente sindical.
El documento agrega que, aunque los sindicatos cuentan con autonomía estatutaria, esta “no constituye una patente de corso para derogar o prescindir de mandatos legales de imperativo incumplimiento”.
Las sanciones contra Alvarado y Rodríguez fueron avaladas por el Tribunal de Ética y Disciplina del SEC e incluyeron su expulsión definitiva del sindicato y la destitución de sus cargos.
Además de las sanciones internas, la Presidencia del SEC presentó denuncias penales ante el Ministerio Público. En el caso de Alvarado, señaló posibles delitos de administración fraudulenta, apropiación y retención indebidas y estafa.
La decisión se produce en medio de una disputa por la conducción del SEC para el periodo 2026-2030, que enfrentó a dos tendencias: Unidad y Trabajo (UTRA), encabezada por Gilberth Díaz, quien preside el sindicato desde 2003, y Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), liderada por Alvarado.
Rodríguez, quien ocupaba la Secretaría de Finanzas del sindicato, también integraba la papeleta de FARO. Sin embargo, tanto él como Alvarado fueron expulsados y destituidos de sus cargos tras los procedimientos disciplinarios relacionados con el manejo de recursos sindicales.
Alvarado denuncia violación al debido proceso
En el comunicado, Alvarado cuestionó el procedimiento disciplinario en el que el Tribunal de Ética fundamentó la sanción en su contra y denunció que se vulneró su derecho de defensa.
Según su versión, el proceso estuvo relacionado con el uso de tarjetas del sindicato. La dirigente afirmó que, el día en que debía comparecer, presentó una incapacidad médica avalada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero la audiencia se realizó sin que pudiera presentar sus descargos.
“Me dejaron en un estado de indefensión. Siempre he estado lista para dar la cara, pero necesito que me abran los espacios, ya que en el SEC me los cerraron para impedir el proceso electoral. Ahora tengo la oportunidad de presentar al Ministerio Público todas las pruebas para demostrar que esas tarjetas se utilizaron con total responsabilidad. El dinero que refleja cada transacción tiene una justificación real que tiene que ver con la operatividad de nuestra organización sindical”, manifestó Alvarado.
La expulsión de Rodríguez provocó que la papeleta FARO quedara incompleta y fuera excluida de la contienda electoral. Posteriormente, el Tribunal de Elecciones del SEC (Tesec) declaró ganadora a UTRA sin realizar una votación.
Alvarado impugnó esa decisión ante el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS.
La dirigente sostuvo que, aunque los estatutos permiten declarar ganadora a una papeleta cuando no existiera otra en disputa, esa condición no se cumplía en este caso.
También cuestionó la forma en que se desarrolló el proceso electoral y aseguró que se impidió a las personas afiliadas participar en la elección.
Disputa por el control de la sede del SEC
El conflicto entre las dirigencias también se trasladó a las instalaciones del sindicato, ubicadas en Lourdes de Montes de Oca.
Según la versión de Gilberth Díaz, el pasado 5 de octubre Alvarado ingresó a las oficinas centrales del SEC y tomó el control de las instalaciones y de la documentación administrativa.
Posteriormente, el 14 de octubre, Díaz anunció que una resolución judicial ordenó restituirle la posesión de la sede central de la organización.
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José el martes 13 de octubre, a las 9:03 a. m., tras acoger una solicitud del Ministerio Público.
Según informó entonces el SEC, la ejecución de la orden quedó a cargo de la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José.
