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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) remitió el año pasado 4.400 casos asociados a un diagnóstico de abuso sexual contra niños y adolescentes al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Se trata, en promedio, de más de 12 casos por día.
La cifra forma parte de una problemática aún mayor, pues durante el 2025 la CCSS atendió un total de 5.903 casos de abuso sexual contra menores de edad.
Sin embargo, el PANI contabilizó solo 2.696 situaciones de violencia sexual en el mismo periodo, una diferencia entre registros institucionales que deja interrogantes.
En lo que va del 2026, la Caja acumula 3.462 atenciones por la misma causa, mientras que el Patronato contabilizó 1.422 situaciones de violencia sexual durante el primer semestre del presente año.
Para Óscar Valverde, director ejecutivo de la Fundación Paniamor, resulta “abrumadora” la cantidad de casos relacionados con diagnósticos de abuso sexual atendidos por la CCSS.
“Esto no solo es preocupante, sino que su magnitud podría ser mayor. Según lo que se maneja internacionalmente, por cada situación que se detecta o que se denuncia, usualmente hay unos 10 casos que no se detectan o no se denuncian”, advirtió.
La Nación consultó al PANI, la tarde del 30 de setiembre, sobre las diferencias entre las cifras institucionales, pero al cierre de edición no había recibido respuesta.
Adolescentes concentran la mayor cantidad de casos
Los registros del PANI muestran que durante el 2025 se atendieron 2.696 situaciones de violencia sexual contra menores de edad. Por grupo etario, los casos se distribuyeron así:
- 0 a 5 años: 193 casos.
- 6 a 11 años: 796 casos.
- 12 a 17 años: 1.415 casos.
- Edad no indicada: 292 casos.
Por sexo, los registros del PANI muestran:
- Mujeres: 2.056 casos.
- Hombres: 629 casos.
- Sexo no indicado: 11 casos.
Por su parte, los datos de la CCSS muestran cómo se distribuyeron por provincia las 5.903 atenciones asociadas con abuso sexual en el 2025:
- Alajuela: 1.885 atenciones.
- San José: 1.379.
- Limón: 786.
- Puntarenas: 649.
- Cartago: 556.
- Heredia: 335.
- Guanacaste: 304.
¿Cuándo deben intervenir el PANI y el Ministerio Público?
La Gerencia Médica de la CCSS explicó que, cuando se detecta que un menor de edad es presuntamente víctima de violación, abuso u otra manifestación de violencia sexual, se debe seguir una serie de procedimientos, entre ellos la comunicación y coordinación con las autoridades competentes.
Dicha respuesta, según aclaró, no queda a criterio discrecional del profesional tratante, sino que responde a criterios técnicos y jurídicos derivados de la normativa y los protocolos institucionales.
Según indicó la Gerencia Médica, la comunicación de este tipo de casos se eleva al PANI “cuando exista conocimiento, sospecha razonable o evidencia de que una persona menor de edad enfrenta una situación de amenaza, vulneración o violación de sus derechos, incluyendo cualquier forma de violencia sexual”.
La intención es que el Patronato pueda valorar e implementar las medidas especiales de protección que correspondan dentro del ámbito de sus competencias legales.
Asimismo, el protocolo contempla la comunicación con el Ministerio Público cuando, durante la atención en salud, surjan elementos objetivos que permitan presumir la posible comisión de un delito de acción pública, particularmente delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, para que la autoridad competente ejerza las funciones constitucionales y legales de investigación y persecución penal.
De los 5.903 casos vistos por la CCSS el año pasado, 2.554 fueron elevados ante esta instancia.
Hay ocasiones en las que la denuncia se hace de manera concurrente, con el fin de que el Ministerio Público realice la investigación penal y el PANI desarrolle la protección administrativa integral del menor de edad.
Para Óscar Valverde, todos los casos de violencia sexual contra menores de edad deberían llegar hasta el PANI y el Ministerio Público.
“En todas las situaciones que ingresen al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mediante denuncia y en las que se comunique que una persona menor de edad ha sido víctima de alguna forma de violencia sexual, deberá iniciarse el Proceso Especial de Protección en Sede Administrativa, por tratarse de una presunta situación violatoria de sus derechos. Dicho proceso inicia desde el ingreso y la atención institucional de la denuncia, momento en el cual se activa la etapa de valoración para analizar e investigar los hechos puestos en conocimiento, corroborar o descartar la vulneración denunciada y determinar, de manera técnica y fundamentada, las medidas de protección que correspondan, de conformidad con los artículos 130 y 132 del Código de la Niñez y la Adolescencia y Modelo de Gestión de los Procesos Atencionales”
— PANI
Diferencias en los datos vienen de años anteriores
Las diferencias entre los registros de CCSS y PANI en esta materia ya habían llamado la atención.
Los datos entregados a La Nación surgieron de consultas relacionadas con el informe La deuda de Costa Rica con sus Niños, Niñas y Adolescentes, de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, unidad académica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE).
El documento señala la existencia de un abismo entre los datos de casos de abuso sexual contra menores de edad en el 2024.
El informe detalla que ese año la CCSS atendió en consulta externa 11.768 casos y en emergencia 1.337, para un total de 13.105. Para ese mismo año, las cifras consignadas en la investigación indican que el PANI abrió 1.857 expedientes por violencia sexual.
“Resalta la cantidad tan alta de casuística reportada por la CCSS, en contraste con las denuncias recibidas por el PANI. Cabe señalar que, según la normativa vigente, toda situación de abuso sexual en personas menores de edad tendría que ser denunciada, lo que, según esta información, no está sucediendo.
“Por otra parte, cabe subrayar que todo caso de abuso sexual debe ser atendido a nivel profesional, por las repercusiones que esta situación tiene para cada persona, y especialmente las menores de edad”, indica el estudio.
La doctora Ana Teresa León, autora del estudio, comentó a La Nación que esta diferencia en las cifras puede deberse a situaciones conceptuales o metodológicas.
Recalcó que siempre que se conozcan este tipo de casos, se deben presentar denuncias.
León insistió en la importancia de brindar acompañamiento a niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual, así como la necesidad de la prevención ante la que considera es la peor forma de agresión contra esta población.
Señales de alerta ante un posible abuso sexual
Gloriana Eduarte, psicóloga del PANI, exhortó a denunciar ante el 911 y por la vía judicial cuando exista una duda o sospecha de abuso sexual contra un niño o un adolescente.
“Siempre hay que creerle a la persona menor de edad que hace la revelación”, afirmó.
Entre las posibles señales mencionó cambios en el comportamiento, desinterés, angustia, problemas de sueño, rechazo a determinadas personas o lugares y conductas que no correspondan con la etapa de desarrollo de la persona.
También mencionó manifestaciones físicas como irritaciones, infecciones recurrentes u otras alteraciones relacionadas con las zonas genitales.
