Las partes de la causa principal por el descalabro financiero del Banco Anglo Costarricense (BAC) se encontrarán de nuevo el próximo martes.
Pero, esta vez lo harán frente a los cinco magistrados de la Sala Tercera, que estudia nueve recursos de casación contra la sentencia dictada en ese proceso en junio del año pasado.
Durante todo ese día y la tarde del jueves podrán participar en una vista pública que será su última oportunidad para exponer, oralmente, sus argumentos.
Luego la Sala Tercera, en un plazo no definido, podría decidir si confirma o no la sentencia, si se pronuncia sobre algunos asuntos de fondo, o si ordena que se realice el juicio otra vez.
En total los recursos abarcan alrededor 900 folios.
Cinco de ellos fueron interpuestos por los defensores de seis exdirectivos del Anglo que figuran como imputados: Rónald Fernández Pinto, Edwin Salazar Arroyo, Arturo Fallas Zúñiga, Manfred Amhrein Pinto, Carlos Manuel González Lizano y Carlos Osborne Escalante.
Otro fue planteado por los defensores públicos de Carlos Hernán Robles, exgerente del BAC.
También acudieron ante la Sala Tercera los representantes de la empresa demandada en lo civil, Herrero, Villalta y Asociados, así como representantes de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público.
El Tribunal de Juicio de San José fue el que condenó, en junio pasado, a Robles a 25 años de prisión por 17 delitos de peculado, y a los seis exdirectivos a 15 años por siete ilícitos de peculado.
El exgerente también fue sentenciado, en lo civil, a pagar $45,2 millones por los sobreprecios pagados por el Anglo en la compra de títulos de deuda externa. A los exdirectores se les ordenó pagar $38,9 millones.
La empresa Herrero, Villalta y Asociados fue condenada, en lo civil, a un pago de $2,5 millones porque, según los jueces, hizo una valoración de un grupo de empresas que fue superior al valor real.
Muchos alegatos
Francisco Castillo, defensor de Amrhein, Fernández, Osborne y Salazar, señaló que no asistirá a la vista pues contestó por escrito.
Dijo que uno de sus alegatos es que el caso no presenta las características que se exigen para una condenatoria por peculado.
El defensor público de Robles, Sergio Triunfo, adelantó que reclamará porque el tribunal hizo una mala interpretación de la legislación bancaria y porque rechazó prueba pericial, a su juicio, importante.
Rodolfo Solórzano, quien representa a Carlos Manuel González, señaló que, entre otros puntos, a su defendido no se le puede juzgar igual que al resto de imputados, pues él votó en contra de los negocios con Ariana Trading and Finance (ATF), propiedad de los hermanos José Luis y Mariano López Gómez.
El procurador penal, José Enrique Castro, pretende demostrar que, contrario a lo dictado por los jueces, ese órgano no tenía que solicitar la declaratoria en rebeldía de los López Gómez prófugos en Chile desde 1999 para que se les condenara civilmente por las pérdidas del banco, como se solicitaba en la acción civil.
No fue posible conversar con los abogados de Arturo Fallas, Edwin Salazar, de la empresa Herrero, Villalta y Asociados, ni con fiscales del Ministerio Público.