Los dos jerarcas de la desaparecida financiera Escalante & Asociados, Jorge Escalante Soto y Guiselle Soto Chinchilla, fueron sentenciados a 26 años de cárcel cada uno por el delito continuado de estafa y quiebra fraudulenta.
El fallo fue emitido ayer a las 6:30 p. m., cuatro horas después de que el Tribunal de Juicio de San José comenzó a leer la totalidad de la sentencia, la cual -además- le impedirá a los imputados ejercer el comercio durante 10 años y los obliga a pagar más de ¢4.300.000 como acción civil resarcitoria.
Los hechos juzgados ocurrieron en 1987, cuando los dos acusados fingieron -según las autoridades judiciales- que la financiera estaba en quiebra y así apoderarse, ilícitamente, de unos ¢200 millones que invirtieron cerca de 480 personas.
Ayer, en la lectura del fallo el tribunal se refirió a lo acontecido con suma seguridad gracias a las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Por ese motivo, desestimaron todo lo dicho por Escalante y Soto durante el debate.
Según indicaron los jueces, los dos acusados actuaron en contra de la buena fe de los inversionistas, pues los engañaron con la publicidad que hicieron en los medios de comunicación.
Lo anterior, debido a que hicieron ver que todo marchaba bien dentro de la financiera pese a que ni siquiera tenía fondos para pagar el salario de los empleados, pues habían trasladado, ilegalmente, gran parte del dinero a unas empresas "satélites".
A pesar de que los acusados manifestaron durante el juicio que todo lo hicieron por desconocimiento, el tribunal se pronunció en contra de ellos.
"Lesionaron el patrimonio de los inversionistas (...) Los imputados pudieron distinguir entre lo lícito y lo ilícito", agregaron los jueces.
El beneficio de excarcelación del cual gozaban Escalante y Soto desde hace 10 años fue revocado ayer al final de la lectura de la condena, pues para el tribunal existe la posibilidad de que los acusados intenten evadir la justicia.
Los dos fueron esposados por al menos seis custodios del Poder Judicial y trasladados a la sección de Cárceles. De allí serían remitidos a algún centro penitenciario.
Ninguno de los imputados ni defensores quiso referirse a la decisión de los jueces.
