En las últimas dos décadas fueron desarrollados en este cantón josefino 26 proyectos de vivienda para pobres.
Eso dio como resultado la construcción de 6.100 viviendas más en el cantón, aparte de unos 2.500 ranchos de precaristas que llegaron a la zona para exigir solución a su carencia de techo.
De acuerdo con el censo de 1984, la población de Alajuelita era de 31.390 habitantes, mientras en el 2000, 16 años después, vivían aquí 70.297 personas, más del doble.
Pero la prestación de servicios públicos no creció al mismo ritmo y ahora el déficit es grave.
“Para los políticos fue muy bonito prometer que 100 y luego más casas (...) nos convirtieron en un cantón urbanomarginal, donde los servicios de salud, educación y recreación están colapsados”, afirmó el alcalde, Víctor Hugo Chavarría Ureña.
Mucha gente
La explosión demográfica ha obligado a abrir nuevas escuelas cada año. Ahora existen 12 centros de primaria y sus egresados deben ser distribuidos en solo dos colegios de secundaria.
“En la cabecera solo están el liceo de Alajuelita, que absorbe la población central, y el Teodoro Picado, que está muy limitado. El año pasado tuvimos que rechazar más de 300 estudiantes, que mandamos al Roberto Brenes Mesén (en Hatillo)”, explicó el director del primer centro, Jorge Corrales Soto.
El educador dijo que han hecho llegar la inquietud a las autoridades del Ministerio de Educación, pero no han recibido respuesta.
Asimismo, el director de la clínica local, Luis Carlos Villalobos, comentó que actualmente laboran en un viejo edificio, donde años atrás se ubicaron las oficinas del Ministerio de Salud.
“Estas instalaciones ya se hacen pequeñas para tanta población”, expresó el médico.
En ese sentido, el alcalde Chavarría reclamó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) compró un terreno desde 1999 para construir una nueva clínica y todavía la están esperando.
Aparte de eso, el cantón no cuenta con espacios para la práctica del deporte y la recreación y, de acuerdo con las autoridades municipales, eso contribuye a que sean más los jóvenes opten por el consumo de drogas.
No tributan
Aparte de todo lo expuesto, de las 25.000 viviendas que existen en Alajuelita, según la Municipalidad, alrededor del 80% se enmarcan en la condición de “interés social”, por lo que no se paga el impuesto sobre bienes inmuebles.
Solo por ese rubro la comuna deja de recibir cada año unos ¢150 millones. Pero los dueños no pagan otros gravámenes. “Hay una mala interpretación. Lo único que ellos pueden dejar de pagar es bienes inmuebles”, dijo el Alcalde.
