18 diputados de ocho partidos impugnaron ante la Sala Constitucional, este miércoles, el decreto del Gobierno contra la discriminación por motivos sexuales, bajo el alegato de que la directriz viola los valores judeocristianos y la libertad de pensamiento y de expresión.
La acción de inconstitucionalidad fue preparada por Fabricio Alvarado, legislador de Restauración Nacional, y la abogada Alexandra Loría. Llegó a la Sala IV con firmas de miembros del PLN, PAC, PUSC, Renovación Costarricense, Alianza Demócrata Cristiana, Movimiento Libertario y Accesibilidad Sin Exclusión.
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En su reclamo, los parlamentarios alegan que "el decreto impugnado niega el fundamento antropológico del matrimonio", porque creen que "la mayoría de los costarricenses creen que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer".
"El decreto impugnado está limitando e imponiendo a quienes son funcionarios y usuarios de las instituciones de Gobierno un pensamiento con valores que evidentemente son extraños a la idiosincrasia de la mayoría de los costarricenses, que somos judeocristianos, acusando a quienes no pensamos como el Gobierno de homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, intersexfobia", dice la acción presentada ante la Sala IV.
El decreto al que se refieren los legisladores es el 38999-MP-RE-JP-SP-MG-H-MAG-MEIC-MINAE-MOPT-MEPS-MTSS-COMEX-MIDEPLAN-MICITT-MIVAH-MC-TURM-DHIS-MCM-MIDEPOR y sus reformas.
En ese decreto, se establece la Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, la cual implica sanciones para las personas usuarias de las instituciones y los funcionarios que irrespeten a otras personas por su identidad sexual.
La normativa establece la posibilidad de abrir procedimientos administrativos para las personas denunciadas por cometer este tipo de discriminación.
Entre las posibles medidas cautelares para quien cometa actos de discriminación por identidad sexual, están la reubicación del cargo o la separación temporal con goce de salario; las sanciones dependen de la gravedad de los actos cometidos.
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Una de las consecuencias de lo estipulado en el decreto es que se les reconocen a los funcionarios del colectivo lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGTBI) el derecho a vestirse y usar un nombre de acuerdo con el sexo con que se identifiquen, así como tener licencia por muerte o enfermedad de sus respectivas parejas.
El reclamo de los diputados es que ese decreto, a su juicio, promueve que las personas puedan ser inquietadas y perseguidas por la manifestación de sus opiniones, a contrapelo de los establecido en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política.
"Es indiscutible que el Estado costarricense no puede imponer a toda la población un pensamiento único de aprobación y celebración del comportamiento sexual de las personas que se autodenominan diversas o LGBTI", dice la acción presentada en la Sala Constitucional.
Los diputados afirman, además, que la mayoría de los costarricenses creen "que los seres humanos nacemos hombres o mujeres", por lo que alegan que no creen "ni en otros sexos ni en otros géneros".
"Resulta irracional que el Estado costarricense quiera exigirnos que pensemos de forma distinta y, mucho más irracional, que se prevea un procedimiento inquisitorio para sancionar a quienes pensamos, en forma diferente al decreto impugnado", dice el documento firmado por los 18 parlamentarios.
Entre los firmantes de la acción aparecen Aracelly Segura, Olivier Jiménez y Marta Arauz, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rosibel Ramos, Luis Vásquez, Rafael Ortiz, Jorge Rodríguez y Gerardo Vargas Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); así como la legisladora Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
También apoya la iniciativa el independiente Carlos Hernández; Gonzalo Ramírez y Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense; Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC); Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), y los libertarios Natalia Díaz, José Alberto Alfaro y Otto Guevara.
Además del reclamo de la supuesta violación a la libertad de pensamiento y de expresión, los diputados dicen que se viola, con el decreto, el principio de reserva de ley, que es potestad del Congreso, al imponer al Estado un límite "de forma tal que por medio de un reglamento u otro acto de categoría inferior, no se puede restringir derechos constitucionales y humanos, dado que solo mediante ley de la República éstos se pueden limitar y en forma restrictiva, el ejercicio de dichas libertades públicas".