Autoridades judiciales detuvieron ayer a 12 funcionarios y 3 exempleados del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) por distribuir tierras del Estado entre sus familiares.
La captura se produjo en un operativo simultáneo en Orotina de Alajuela, Paquera y Esparza de Puntarenas, Guácimo de Limón y en Santo Domingo de Heredia.
Según el Ministerio Público, órgano acusador del Estado, entre 1993 y 1999 los implicados se distribuyeron 43 fincas en Orotina, Turrubares, Esparza y Paquera, que en conjunto miden 689.000 metros cuadrados o sea 69 hectáreas. Eso casi equivale a la extensión del distrito central de Santo Domingo de Heredia.
El Ministerio Público les atribuye el delito de peculado (sustracción de bienes públicos).
Contra uno de los imputados (no se supo el nombre) se pidió prisión preventiva y contra los otros la separación de los cargos, no acercarse a las oficinas del IDA y prohibición para salir del país.
Pesquisa. Las anomalías se dieron en la Dirección Regional del IDA en el Pacífico Central.
El asunto lo hizo público una investigación de La Nación en noviembre del 2005, y fue retomada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios y la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En las pesquisas, las autoridades determinaron que los implicados “idearon una refinada y sistemática estrategia” para la adjudicación de tierras del IDA entre padres, esposas, hermanos, suegras u otras personas allegadas.
Jorge Rojas Vargas, director del OIJ, dijo que una de las principales dificultades en la investigación es que los expedientes de los asentamientos fueron destruidos por los sospechosos, por lo que los oficiales debieron reconstruirlos.
Agregó que en la mayor parte de los casos se estableció que los implicados se saltaron los procedimientos para hacer las adjudicaciones.
Para ello, los implicados manipularon la información de las encuestas de selección de beneficiarios de tierra, de manera que otorgaron calificaciones adecuadas para la cesión de las propiedades.
En otros casos, se supo, se acogieron a un acuerdo de la junta directiva del IDA destinado a asentamientos adquiridos antes de 1990, el cual no podía ser aplicado.
En una muestra de las tierras asignadas a los parientes y allegados de los sospechosos, el OIJ comprobó que el 73% de los terrenos están en abandono.
Lo anterior refleja que las personas adjudicadas no tenían necesidad de tierra, lo que hace presumir que ellos buscaban darle otros fines, como era venderlas.
Una parcela del IDA puede ser vendida 15 años después de adjudicada, siempre que los inspectores agrarios así lo autoricen.
En este caso, el OIJ determinó que los sospechosos eran los encargados de vigilar que a las tierras cedidas por el IDA se les diera el uso estipulado por ley, y también eran responsables de recuperar los terrenos en abandono.
La Policía localizó “muchas parcelas segregadas y otras con documentación falsa, donde se indicaba que la limitación de los 15 años fue levantada y, por lo tanto, vendidas”, informó el OIJ.
El presidente ejecutivo del IDA, Marco Vinicio Cordero Quesada, no quiso atender a la prensa y en un comunicado informó de que la entidad no tolerará anomalías en las adjudicación de tierras.
El 22 de setiembre, el IDA anunció que investigaba a 18 funcionarios por la asignación de tierras en el complejo Coyolar, Orotina, así como la adjudicación de lotes a funcionarios del Instituto en Cariari, Limón, y el asentamiento El Manú, en Sarapiquí, Heredia.
Cordero afirmó que procurarían recuperar las tierras.