Washington. Las autoridades policiales de Estados Unidos piden nuevas y duras leyes contra lo que llaman “terrorismo nacional” ante el aumento de los ataques de extremistas de derecha.

Pero la tendencia de los atacantes a actuar en solitario, sin apoyo y prácticamente sin advertencia, sumada a la falta de convicción de la administración Trump para ir detrás de grupos de ultraderecha que muchos identifican como aliados del presidente, representan los principales obstáculos para la prevención de estas matanzas, dicen expertos.

Según New America, un centro de investigación con sede en Washington, desde los ataques del 11 de setiembre del 2001 el número de muertes en Estados Unidos a manos de extremistas de derecha superó a las provocadas por yihadistas.

Durante mucho tiempo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) consideraba a neonazis, antisemitas y supremacistas blancos como una amenaza secundaria, pero recientemente ha incrementado la vigilancia de esos grupos.

El ojo del FBI no pudo evitar que un hombre blanco de 21 años masacrara el sábado a 22 personas en El Paso, Texas, después de publicar en Internet un texto en el que denunciaba una “invasión” de inmigrantes a través de la frontera con México.

Tampoco impidió que un veinteañero antisemita asesinara a 11 judíos en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, en octubre del 2018.

Muchos alegan que la virulenta retórica del mandatario Donald Trump fomenta el racismo y afirman que el mandatario debería actuar con firmeza para alinear a sus seguidores en contra del extremismo de derecha.

“Si no tenemos el respaldo del presidente, si el presidente no se aferra a esto y efectivamente demuestra su liderazgo en el asunto, es difícil imaginar que se logrará algún progreso”, dijo el martes Nick Rasmussen, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, al canal MSNBC.

Enemigo dentro de las fronteras

Desde los ataques del 11 de setiembre, Estados Unidos se enfocó en la lucha contra grupos como Al Qaida o el Estado Islámico, pero el incremento en las matanzas en tiroteos no vinculados al extremismo islámico redireccionó recursos hacia la amenaza del “terrorismo nacional”, dijo en julio Christopher Wray, director del FBI.

Según Wray, actualmente hay en curso unas 850 investigaciones vinculadas al "terrorismo nacional" y en lo que va del año se han efectuado alrededor de 100 arrestos relacionados con extremismo político, la gran mayoría por "lo que podría llamarse violencia de blancos supremacistas".

En tanto, el FBI arrestó a casi 200 yihadistas en la última década debido a su actividad en Internet u otros medios para contactarse con el EI u otros grupos que están bajo extrema vigilancia.

El director adjunto del FBI, Michael McGarrity, manifestó al Congreso que es extremadamente difícil detectar a personas que se autorradicalizan y que no mantienen conexiones con ninguna organización.

Para los expertos, controlar a cientos de miles de personas que expresan legítimamente sus opiniones políticas en línea, por más extremas que estas sean, es imposible.

En un país como Estados Unidos, donde comprar armas legalmente es sencillo, un potencial atacante que se identifique como supremacista blanco puede armarse sin llamar la atención.

"Con frecuencia, estos individuos actúan sin una filiación clara ni las directivas de un grupo, por lo que identificarlos, investigarlos y detenerlos es un desafío", dijo McGarrity.

Libertad de expresión

El FBI está también maniatado por la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y protege a los ciudadanos de allanamientos.

Tras el 11 de setiembre, las autoridades obtuvieron por ley un enorme poder para monitorear comunicaciones internacionales entre ciudadanos estadounidenses y personas vinculadas a grupos terroristas, pero no tienen potestad para vigilar a ciudadanos que expresen ideas extremistas dentro de las fronteras, conversaciones que están protegidas por la libertad de expresión y no se pueden investigar sin pruebas fehacientes de que exista un plan de atentado.

“Nuestro foco está en la violencia”, expresó Wray ante el Congreso en julio. “El FBI no investiga ideología, por más repugnante que sea. Pero cuando se convierte en violencia, estamos encima”.

Es por esta razón que el FBI y algunos políticos piden al Congreso nuevas leyes que aborden específicamente el terrorismo interno para que fuerzas del orden puedan actuar y adelantarse a los atacantes.

Pero el vicefiscal general adjunto, Brad Wiegmann, advirtió al Congreso en mayo de que “calificar grupos nacionales como organizaciones de terrorismo interno y elegir grupos particulares con cuyo puntos de vista usted dice no estar de acuerdo será muy problemático”.