Madrid
El fiscal general de España presentó el lunes una querella por los delitos de rebelión, sedición, malversación y otros relacionados contra altos funcionarios destituidos del gobierno secesionista de Cataluña, lo cual lleva a una nueva e incierta fase la declaración de independencia de la región.
José Manuel Maza dijo que pediría a los jueces medidas preventivas contra los políticos y los miembros del gobierno y del Parlamento autónomo que permitieron la votación para declarar la independencia de la región la semana pasada. No especificó si las medidas incluirían el arresto inmediato y detención antes del juicio.
Los cargos de rebelión, sedición y malversación se castigan con sentencias de hasta 30, 15 o 6 años en prisión, respectivamente. Por el momento no está claro si los jueces fallarán a favor de la petición del fiscal.
Enter los acusados figura el expresidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell.
"La querella contra los miembros del Gobierno (depuesto) se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional" en Madrid, indicó Maza.
De todas maneras, la jueza de turno, Carmen Lamela, quien ya lleva otra causa ligada al independentismo catalán, decidirá en los próximos días si admite a trámite la querella y si mantiene todos los cargos o solo algunos.
En su querella, Maza pide citar a los concernidos con "carácter de urgencia", y en "caso de incomparecencia", su "inmediata detención".
Asimismo, anunció otra querella ante el Tribunal Supremo por los mismos delitos contra Carme Forcadell y otros miembros del Parlamento autónomo, quienes el viernes pasado tramitaron la declaración de independencia, aprobada por 70 de 135 diputados.
El fiscal Maza afirmó que las autoridades catalanas "con sus decisiones y actos han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre".
Además, solicitó que se establezca una fianza de 6,2 millones de euros para el conjunto del Gobierno catalán cesado y otra por igual monto para los dirigentes de la cámara regional.
Después de la intervención. El anuncio se produjo al mismo tiempo que los funcionarios públicos de Cataluña regresaron a trabajar por primera vez desde que el Gobierno central de España destituyó al Gobierno regional e impuso su poder.
El paradero del expresidente regional Carles Puigdemont inicialmente se desconocía y era objeto de especulación. Sin embargo, horas después se conoció que viajó a Bruselas en medio de versiones de que solicitaría asilo político.
Los catalanes observaban y se preguntaban si los dirigentes destituidos desafiarían su despido y enfrentarían aún más posibles cargos criminales.
Además de los cargos de sedición, Madrid ha dicho que los dirigentes despedidos podrían ser acusados de usurpar las funciones de otros si intentan seguir trabajando.
Un grupo de trabajadores llegó a la sede del Gobierno catalán en Barcelona, y por su parte Puigdemont publicó una fotografía en su cuenta de Instagram de un patio del edifico. Tanto la bandera catalana como la española ondeaban en la parte superior del inmueble.
La confusa publicación, acompañada por la frase "Buenos días" en catalán y un emoticón de carita sonriente, dejó a muchos preguntándose si Puigdemont se encontraba en el interior del edificio. No había ningún indicio sobre la fecha en la que se tomó la fotografía.
Mientras, una decena de periodistas, de observadores curiosos y de turistas desconcertados se reunían en la acera del Palau Nacional, el palacio de gobierno ubicado en Barcelona, los residentes expresaron estar confundidos sobre quién realmente estaba a cargo de Cataluña.