Barcelona
La peor crisis política de la democracia española enfrenta 24 horas dramáticas en las que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, decidirá si cede a amenazas y apelaciones de derecha e izquierda o declara la independencia, como le exigen sus aliados.
El último llamamiento a Puigdemont para que renunciase a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien aseguró que tal paso pondría en peligro "la cohesión social".
"Los resultados del 1.° de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia", dijo en una declaración institucional, al mismo tiempo que solicitó al jefe de Gobierno de español, Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
El gobierno de Rajoy fue más allá: si Puigdemont sigue adelante "habrá que tomar medidas", advirtió la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a la emisora de radio COPE.
Y pidió a los independentistas "que no se tiren al precipicio".
El martes, Puigdemont tendrá una primera oportunidad de proclamar la independencia en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán -a las 16 GMT (10 a. m. hora de Costa Rica)- tras el refendo de autodeterminación prohibido del 1.° de octubre. Según su ejecutivo en éste la secesión logró el 90% de los votos con una participación del 43%.
La última vez que un gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente, Lluís Companys, acabó en la cárcel, un hecho que este lunes un dirigente del Partido Popular de Rajoy, Pablo Casado, le recordó a Puigdemont.
Frentes de presión. La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicaría el artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del Gobierno regional catalán, pero indicó que el Senado debería ser parte de la respuesta, y es precisamente la Cámara Alta la que debe dar el visto bueno a esa medida.
El líder del primer partido de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, también pidió a Puigdemont que "pare las máquinas y no haga la declaración unilateral de independencia".
Este lunes, tres empresas catalanas más -la inmobiliaria Colonial, la operadora de autopistas Abertis y su filial de telecomunicaciones Cellnex- anunciaron que trasladaban su sede social de Barcelona a Madrid, con lo que la región perdió seis de sus siete compañías en el índice bursátil español Ibex 35.
Para la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, esto "es un reflejo claro del grado máximo de preocupación" del mundo empresarial, señaló en un comunicado, en el cual pidió a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar "hacia la insolvencia económica".
Pero en una entrevista el domingo, Puigdemont dio a entender que, si Madrid no acepta una mediación, seguirán adelante con la secesión.
"Hemos abierto la puerta de la mediación, y hemos dicho sí a tantas opciones de mediación como nos han planteado (...) Pasan los días, y si el Estado español no contesta positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer", advirtió Puigdemont.
Aliados exigen paso. Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), aliado de Puigdemont en la coalición que gobierna la región, rechazó el lunes "las amenazas" del gobierno.
"Nosotros vamos a seguir con este proceso", manifestó su portavoz, Sergi Sabrià, aunque mantuvo "una puerta abierta al diálogo".
El más radical de los socios de Puigdemont, el partido de extrema izquierda CUP, defendió una declaración unilateral de independencia.
"La única forma de poder asumir un escenario de diálogo y de mediación con el Estado es poder hacerlo como iguales, (...) hacer emerger un nuevo Estado que es la República Catalana", dijo su portavoz, Benet Salellas.
Una de las grandes organizaciones de la órbita independentista, la Asamblea Nacional de Cataluña, convocó una manifestación ante el Parlamento el martes durante la intervención de Puigdemont para dar la bienvenida "a la nueva república".
La crisis política creada por la consulta prohibida del 1.° de octubre y por años de tensión entre Barcelona y Madrid es la peor desde la reinstauración democrática en 1978.
En ella está en juego el destino del 16% de la población y el 19% de la produción que representa Cataluña en España.
Signo de la desconfianza que se está instalando, incluso en las instituciones de Cataluña, su Tribunal Superior de Justicia pidió a la Policía Nacional, que depende de Madrid, que comparta las tareas de seguridad con los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana.
Pese al auge del secesionismo en los últimos años, los independentistas no lograron la mayoría absoluta de votos en las elecciones regionales del 2015 -que plantearon como un plebiscito a favor del proyecto soberanista- y en la reciente consulta cosecharon dos millones de apoyos sobre un censo total de 5,3 millones.
Tampoco han recibido amparo o apoyo de ningún país de la Unión Europea.
La canciller alemana, Angela Merkel, reafirmó el respaldo de Alemania a la "unidad de España" en una conversación telefónica el sábado con Rajoy, informó el lunes un portavoz gubernamental.