La justicia colombiana condenó el miércoles a siete exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands a más de 11 años de prisión y el pago de una multa de $3,4 millones por financiar a grupos paramilitares durante el conflicto armado interno.
Un tribunal del departamento de Antioquia (noroeste) condenó a los antiguos ejecutivos de la compañía estadounidense en Colombia, “a una pena de cárcel de 11 años y tres meses por el delito de concierto para delinquir”, anunció la fiscalía en un comunicado. Se estima que la multinacional transfirió unos $2 millones a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de extrema derecha, entre las décadas de 1990 y 2000.
Es la primera sentencia contra ejecutivos de Chiquita en Colombia, luego de que la justicia estadounidense fijara en 2024 una millonaria indemnización para víctimas de la guerra.
Entre los condenados están tres exdirectivos que ocuparon la gerencia general de la compañía en Colombia entre 1990 y 2004. Uno de ellos es el estadounidense Charles Dennis Keiser.
Otros tres antiguos altos cargos fueron absueltos.
La justicia colombiana considera que la multinacional transfirió unos $2 millones a las extintas AUC, de extrema derecha, entre las décadas de 1990 y 2000.
Los recursos que la empresa entregó a las AUC “fueron destinados para financiar la expansión del paramilitarismo en la región”, lo que facilitó el accionar de los paramilitares que cometieron asesinatos, desapariciones forzadas y torturas contra líderes sociales y campesinos de la zona, dijo la fiscalía.
Desde que empezó a ser investigada en Estados Unidos, la empresa alega haber sido víctima de extorsiones y ha dicho que los pagos se hicieron para proteger a su personal.
Miedo y violencia
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo del gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, calificó en la red social X de “histórico” el “ejemplar fallo” del tribunal. “Durante años, trabajadoras y trabajadores rurales fueron víctimas del miedo y la violencia. Hoy, la justicia les da una respuesta”, dijo.
Los paramilitares de las AUC sembraron terror durante dos décadas en medio de una encarnizada guerra contra las guerrillas de izquierda y actuaron ayudadas en ocasiones por el ejército regular.
Unos 20.000 combatientes de esos escuadrones se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Son varias las multinacionales acusadas de vínculos con paramilitares en Colombia.
Este mes, la fiscalía embargó dos oficinas en Bogotá de la petrolera anglofrancesa Perenco, señalada por supuestos lazos con las AUC en el departamento de Casanare (noreste), para asegurar un fondo de reparación de víctimas de la violencia paramilitar en esa región.
Desde 2023, directivos de la minera estadounidense Drummond enfrentan un juicio en el país sudamericano por nexos con las autodefensas en el departamento del Cesar (norte).
El conflicto de Colombia ha dejado a lo largo de medio siglo más de 10 millones de víctimas, entre ellas un millón de muertos y 200.000 desaparecidos.
Los orígenes de Chiquita se remontan a la United Fruit Company, una multinacional conocida por su injerencia en la política latinoamericana durante la primera mitad del siglo XX.
Historiadores aseguran que la empresa estuvo involucrada en el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y una masacre contra huelguistas bananeros en Colombia en 1928, que se calcula dejó más de mil muertos, entre otros episodios.
En junio del año pasado, un jurado de Estados Unidos halló responsable a la bananera Chiquita Brands de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y le ordenó indemnizar a los familiares de ocho víctimas de ese grupo paramilitar.
En su decisión, el jurado convocado por un tribunal federal de Florida concedió una indemnización de $38,3 millones a los familiares de las ocho víctimas, en su mayoría sus esposos e hijos perseguidos y asesinados por las AUC. La multinacional informó que apelará el fallo.
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El gigante bananero estadounidense había confesado en 2017 ante tribunales de ese país haber financiado, entre 1997 y 2004, a las AUC, organización considerada entonces como terrorista por Estados Unidos, lo que convertía su apoyo en un delito federal.