Toronto. EFE. El sector minero y petrolero canadiense ha multiplicado sus inversiones en Latinoamérica en los últimos años, pero también afronta graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y conflictos legales con Gobiernos, por sus prácticas laborales, sociales y medioambientales.
En Chile, la Justicia paralizó las obras de construcción de la mina Pascua-Lama, megaproyecto de Barrick Gold, el mayor productor mundial de oro, por problemas medioambientales.
En Bolivia, la también canadiense South American Silver Corporation (SASC) inició el jueves un arbitraje internacional contra el Gobierno por la anulación de su concesión en una mina en Potosí.
En Perú, la empresa petrolera Talisman se retiró en setiembre de 2012 de la región amazónica del país tras años de protestas y enfrentamientos con los indígenas achuar, que se oponen a la explotación de pozos de petróleo en su territorio.
En marzo de ese año, por primera vez en la historia de Canadá, un tribunal de Toronto celebró una vista para determinar si se juzga en el país a la minera canadiense Hudbay por violaciones de los derechos humanos en Guatemala.
Desde el jueves, el Gobierno guatemalteco decretó el estado de sitio en cuatro municipios del este del país para controlar la violencia desatada por las protestas contra las operaciones de la empresa canadiense Tahoe Resources.
Además, en noviembre del 2011, un tribunal contencioso-administrativo ordenó cancelar una concesión a Industrias Infinito para explotar una mina de oro en la localidad de Las Crucitas, Costa Rica, por irregularidades en el proceso.
Para Jamie Kneen, portavoz Mining Watch, que desde 1999 sigue las actividades del sector minero canadiense en el exterior, todos estos casos son solo la punta de un iceberg de malas prácticas por parte de las compañías del país.
Kneen señala que el sector minero canadiense cuenta con un grupo de lobby muy poderoso que incluye a casi todos los ex primeros ministros del país, “que trabajan como abogados o asesores para las compañías mineras”.
Según los últimos datos publicados en enero por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, en 2011 los activos mineros tenían un valor de unos $213.147 millones, 15% más que el año anterior.
Pero lo que es más significativo, el 70 % del total, unos 146.200 millones de dólares, están situados en 106 países de todo el mundo, lo que da una idea del alcance de las inversiones canadienses en el sector.
El 59 % de los activos en el extranjero se encuentran en el continente americano, aunque, según estos datos, en 2010 y 2011 el mayor aumento se produjo en Asia, un 38%, seguido de África, un 17 % y en tercer lugar América, con un 12 %.
Mining Watch y otras organizaciones como Rights Action o Amazon Watch, que denuncian las actividades de las mineras.