Armados con metralletas Uzi, fusiles de asalto AK-47 y granadas de fragmentación, 78 presos de la cárcel conocida como "El Infierno", situada en el departamento de Escuintla, a 56 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, se evadieron del penal aprovechando la visita familiar del domingo.
La fuga además de masiva fue sangrienta, pues se saldó con cinco muertos, entre ellos tres agentes de seguridad, según el comisario de Escuintla, Sergio Orozco.
En esa prisión, que se supone que es la de máxima seguridad de Guatemala, había 144 presos recluidos y de los 78 fugados solo nueve han sido capturados de nuevo, precisó ayer una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC).
La fiscal especial contra asaltos en Guatemala, Berta Julia Morales, alertó ayer al sistema bancario sobre un eventual aumento de atracos a las instituciones financieras.
La funcionaria explicó que entre los fugados figuran integrantes de bandas del crimen organizado como "Los Pasaco" una de las más temidas y sanguinarias del país, y "Agosto Negro", responsable del asesinato hace dos años de una fiscal.
Esta evasión ha echado por tierra esfuerzos de jueces y abogados y pone en entredicho la eficiencia de las autoridades para proteger las prisiones, en opinión de fiscales y activistas humanitarios.
En contubernio
El ministro de Gobernación (Interior), Byron Barrientos, comentó que las investigaciones revelan que dos asaltabancos fueron los que planificaron la fuga "en contubernio con el director del penal", Edwin González.
"La información proporcionada por un recapturado indica que los asaltabancos Julio Iboy y Jorge Solís Mejicanos, con la ayuda del director, fueron los que permitieron la fuga", aseveró González.
"Todo fue preparado desde adentro, hubo facilitación de medios", insistió el ministro al indicar que algunos reos tenía privilegios como uso de celulares, electrodomésticos y comida de restaurantes.
Un reo recapturado ayer, Boanerges Morales, dijo a medios locales que los asaltabancos pagaron a cuatro custodios un poco más de $1.000 a cada uno y alrededor de $130.000 a una "alta autoridad", que no identificó.
El Ministro hizo un llamado a la población a mantener la calma pues "esta situación se va a resolver, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, no es cosa del otro mundo recapturar a estos individuos".
No obstante, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) redobló la seguridad de los jueces que condenaron a varios de los prófugos, indicó el magistrado José Quesada.
Como primera medida y por orden del ministro de Gobernación, Byron Barrientos, fueron detenidos 16 guardias del presidio, así como el director, el subdirector y el alcaide, por considerarlos cómplices de la masiva evasión.
