Madrid. Xiomara Castro tomará posesión como nueva presidenta de Honduras, la primera mujer en hacerlo, el próximo 27 de enero, y con ella regresa la izquierda al poder tras doce años de gobiernos conservadores señalados además, por complicidad con el narcotráfico, en un país con altos índices de pobreza, violencia y una corrupción que se ha instaurado a todos los niveles en las instituciones.
El desafío de Castro va más allá del clásico cambio entre un gobierno de un signo político y otro, pues tendrá que tomar las riendas de un país que da claros signos de haberse convertido ya en un Estado fallido, con las estructuras del narcotráfico impregnándolo todo, después de que sus dos antecesores en el cargo hayan estado relacionados directa o indirectamente con el mercado de las drogas.
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El derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 trajo consigo un importante aumento del tráfico aéreo irregular desde Colombia, cuyos cárteles del narcotráfico han utilizado Honduras como puente para trasladar su cocaína a Estados Unidos sin tener que pasar por México, donde los poderosos grupos del crimen organizado imponen sus propias reglas.
La relación entre un hecho y otro queda en evidencia cuando dos familiares directos de los antecesores de Castro, el hijo de Porfirio Lobo, Fabio, y el hermano de Juan Orlando Hernández, Juan Antonio, están cumpliendo condenas de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
En cuanto al presidente saliente, cuyo nombre apareció una docena de veces en la investigación que sirvió como base para condenar a su hermano, su futuro es incierto y corre el riesgo de ser extraditado tras dejar el cargo y ser enjuiciado en Estados Unidos por estos mismos delitos.
LA CANDIDATA MÁS VOTADA
Su contundente triunfo en las elecciones de noviembre, con más del 50 por ciento de los votos, quince puntos por delante del segundo, en un proceso con cerca de un 70 por ciento de participación, vino acompañado del hecho de que se convirtió en la candidata presidencial más votada de la historia de Honduras.
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Castro hereda un país muy deteriorado, con un tejido social dañado por la subida del precio de los combustibles y de los alimentos, con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, con infraestructuras dañadas por el paso de dos huracanes en 2020 y con las estructuras del Estado infectadas por el narcotráfico y la corrupción. Según el último informe de Transparencia Internacional, que mide la percepción sobre corrupción de 180 países, Honduras está en el puesto 157.
Ante este escenario, Castro ya presentó un ambicioso programa para acometer una serie de cambios profundos, en el que una de las propuestas estrella es la convocatoria de una Asamblea Constituyente para llevar a cabo la redacción de una nueva Constitución, precisamente una de las causas por las que su esposo, el expresidente Zelaya, sufrió un golpe de Estado en 2009.
En este plan de acción, Castro se ha comprometido a derogar algunas de las leyes de los anteriores gobiernos conservadores, como la de seguridad y la controvertida ZEDE, por la cual ciertas zonas quedarían sujetas a un régimen administrativo especial, donde por un supuesto un intento por atraer la inversión y crear puestos de trabajo, serían los inversores quienes decidirían en asuntos de naturaleza jurídica, de seguridad y de fiscalidad.
Reducir el precio de la energía, acabar con los impuestos al combustible, contrarrestar a los monopolios y oligopolios que operan sin cortapisas en el país, la lucha contra la corrupción a través de un organismo con apoyo de Naciones Unidas, así como un aumento del salario mínimo y de la puesta en marcha de una renta universal para las familias más pobres, son algunos de los objetivos que se ha marcado Castro para los próximos años.
La migración masiva es otro de los problemas del país, con un aumento del desempleo debido a la crisis del coronavirus, y no solo porque uno de cada diez hondureños hayan salido en el último año, sino porque además en el mismo periodo de tiempo unas 50.000 de estas personas han sido devueltas desde México y Estados Unidos socavando aún más en la crisis humanitaria que asola la región.
FEMINISMO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
Otra de la metas marcadas por el futuro gobierno de Castro es intentar proteger y reforzar la autonomía de las mujeres en un país con los índices de feminicidios más altos de la región, con altas tasas de embarazos entre menores de edad, en el que el aborto está prohibido bajo cualquier condicionante y en el que cada año 2.300 mujeres son violadas.
De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Honduras tiene las tasas más altas de asesinatos de mujeres en 2021, con 4,7 por cada 100.000 habitantes, aunque esto supone una ligera mejoría con respecto al año anterior, cuando se registraron 6,1 feminicidios.
De las 2.300 mujeres que son violadas cada año en el país, el 60 por ciento de ellas son menores de edad y un 30 por ciento de ellas se queda embarazada tras sufrir la agresión, según cifras del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras.
En una sociedad fuertemente conservadora, Castro tiene en su agenda despenalizar la interrupción del embarazo, al menos, en caso de violación, aunque para eso tendrá que lidiar con la Iglesia Católica, y, más importante, con un Parlamento, en el que no solo tendrá que lidiar con la oposición, sino también puede que también con los díscolos de su partido, quienes antes de empezar la legislatura ya le han desbaratado uno de sus acuerdos electorales al elegir en una convulsa sesión, en la que hubo golpes y gritos de traición, a otro diputado para presidir el Congreso.
NUEVOS SOCIOS INTERNACIONALES
Algo más previsible parece que será la nueva posición de Honduras dentro del tablero político internacional, pues todo hace prever un acercamiento a los vecinos de la región en los que gobierna la izquierda tras haber sido en la última década aliado incondicional de Estados Unidos, incluso cuando la Justicia de aquel país abría investigaciones por narcotráfico a funcionarios destacados del gobierno.
No obstante, las previsibles críticas de los detractores por un acercamiento a socios como Cuba o Venezuela, pueden quedar contrarrestadas después de que Castro haya también logrado contar con el apoyo de un electorado más al centro tras la alianza forjada con el Partido Salvador de Honduras, liderado por quien será ahora su vicepresidente, el presentador de televisión Salvador Nasralla.
Tampoco se descarta que el futuro gobierno recupere sus encuentros con China, después de que en los últimos doce años, Honduras haya sido uno de los pocos países que mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán.
No obstante, Castro dejó claro que no pretende romper sus vínculos con Taiwán, en un intento también por mantener en buen estado las relaciones de Honduras con Estados Unidos, país que ya ha confirmado la presencia de la vicepresidenta, Kamala Harris, en la investidura.