"Hay una resolución condenatoria de la Cámara Segunda de lo Civil en contra del señor Mauricio Funes, pues la Fiscalía logró demostrar que hubo un enriquecimiento ilícito”, declaró a periodistas el fiscal Héctor Martínez, luego de acudir a una audiencia en que el tribunal dio a conocer su resolución del caso.
Junto a Funes, quien ejerció en el período 2009-2014, también fue condenado por enriquecimiento ilícito su hijo Diego Funes, que debe devolver al Estado $212.489, pues “no pudo comprobar el origen de su incremento patrimonial”, agregó Martínez.
En tanto, la exesposa de Funes, Vanda Pignato, de origen brasileño, fue exonerada de cargos tras “comprobar” ante el tribunal que no percibió fondos públicos siendo primera dama de la República, pese a que la Fiscalía le había acusado de utilizar fondos del Estado para pagar cuentas personales.
“Vamos a esperar a tener la copia escrita de la resolución para determinar si apelaremos la decisión de la Cámara de exonerar de cargos a la señora Pignato”, explicó el representante de la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con Martínez, la Cámara también habilitó a la Fiscalía para “indagar” si Funes incurrió en algún delito penal tras comprobarse que sí hubo enriquecimiento ilícito.
Funes, quien gobernó bajo la bandera de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), se encuentra asilado en Nicaragua por considerarse perseguido político.
En agosto del 2016, la Fiscalía abrió otra investigación contra Funes por presuntos hechos de corrupción. Se le indaga por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, y tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública.
Tras conocer la decisión de la Cámara, el asilado expresidente salvadoreño mediante su cuenta de Twitter rechazó la condena impuesta por considerarla “injusta y arbitraria”.
“No se puede condenar a imputados que no sustrajeron dineros del Estado y que su patrimonio es lícito”, indicó Funes que señaló que su condena es producto de una presunta “presión de la derecha”, y adelantó que apelará la sentencia.
“No tiene lógica que devuelva al Estado dineros que provienen de una fuente que no es la hacienda pública. Un exfuncionario debe devolver dinero que sustrajo del Estado y no lo que ha obtenido lícitamente”, se defendíó.
