EscucharWashington (AFP). Doce policías por kilómetro de frontera y miles de millones de dólares en equipamiento es el remedio imaginado por los legisladores estadounidenses para frenar el flujo de ilegales desde México, en un proyecto que obtuvo la luz verde del Senado hoy.
La reforma del sistema migratorio de Estados Unidos entra en su etapa final en el pleno de la cámara alta del Congreso, donde la enmienda –que refuerza la seguridad– recibió la aprobación implícita durante un voto de procedimiento, 67 contra 27 (más de los 60 necesarios) y con el apoyo notable de 15 republicanos.
En las próximas horas se espera el voto directo sobre la enmienda mientras que la aprobación del proyecto definitivo tendrá lugar al final de esta semana, aseguró el senador Harry Reid, líder de la mayoría demócrata.
Sin embaro, la Cámara de Representantes –que tomará el relevo– está dominada por los adversarios republicanos del presidente Barack Obama, y muchos de ellos se oponen fervientemente a la legalización masiva de indocumentados.
Los debates podrían durar todavía meses antes de que Obama promulgue una ley, que constituiría un éxito colosal de su segundo mandato: se trataría de la mayor modificación al sistema de inmigración en Estados Unidos desde 1986.
El objetivo es aumentar el número de visas de trabajo, entregar papeles a 11 millones de inmigrantes ilegales, en su mayoría latinos, y permitirles solicitar la ciudadanía tras un periodo transitorio de al menos 13 años.
En compensación, los aliados demócratas del presidente en el Senado, aceptaron una excepcional propuesta republicana de fortificar la frontera para evitar millones de nuevos ilegales en el futuro.
Según el acuerdo, los agentes fronterizos pasarían de 18.000 a más de 38.000 a lo largo de los 3.200 kilómetros que separan Estados Unidos de México, equivalente a 12 efectivos por kilómetro. En 2002 habían 10.000.
Los parlamentarios quieren también sustituir 480 kilómetros de barreras antivehículos por altas murallas anti peatones, y construir 80 nuevos kilómetros de valla para un total de 1.120 kilómetros.
Los dos países están separados por otros 2.000 kilómetros de frontera natural en el Río Grande.
El plan detalla igualmente los nuevos equipos que el gobierno, con un presupuesto de $3.200 millones, deberá adquirir: cuatro drones (aviones no tripulados), 40 helicópteros, 30 buques, miles de detectores de movimiento (térmicos, infrarojos o sísmicos), cientos de cámaras fijas y móviles, radares, entre otros, que se sumarán a los artilugios tecnológicos ya existentes.
Otra medida haría disponible a todos los empleadores un sistema informático de verificación del estatus de sus empleados, lo que sacaría del mercado de trabajo al 40% de ilegales: aquellos que llegaron legalmente al territorio estadounidense, pero sobrepasaron la fecha límite de sus visas.
“Tendremos ojos en el cielo, sean drones o aviones”, resumió el demócrata Chuck Schumer, uno de los arquitectos de la reforma.
“Cualquiera que cruce la frontera sería detectado, sea de día o de noche, soleado o lluvioso”, agregó.
En Washington el incremento en seguridad evoca comparaciones con el “surge” (aumento), el término que describió los refuerzos militares enviados por el presidente George W. Bush a Irak en 2007.
“Esa referencia militar tiene sentido, porque se va a militarizar a cientos de comunidades en el suroeste de Estados Unidos”, señaló el demócrata Patrick Leahy.
Pero el flujo de inversiones era el precio político para obtener el respaldo de numerosos republicanos sobre un tema políticamente delicado.
“Esto se trata de política, no de los hechos en el terreno”, explicó a la AFP Doris Meissner, académica del Instituto de Políticas Migratorias.
Nunca el número de cruces ilegales ha sido tan bajo en los últimos 40 años, notablemente debido a las inversiones realizadas luego de los atentatos terroristas del 11 de setiembre de 2001, recordó esta experta en política de inmigración migratoria.
Los autores de la enmienda coinciden: el republicano Bob Corker incluso admitió que quizás habían hecho “demasiado”.
