Porcell se declaró en guerra contra la corrupción durante una entrevista con la agencia de noticias Acan-Efe y dijo que uno de sus mayores retos es luchar contra el blanqueo de capitales.
“Sí, estamos en guerra contra la corrupción porque es un delito y nuestra función constitucional es investigar los delitos”, dijo esta penalista quien en enero fue investida, por el presidente Juan Carlos Varela, como máxima autoridad responsable de la persecución penal en Panamá.
Tras seis meses en el cargo, al frente de un ejército de 3.000 juristas y un presupuesto de $85 millones, ha creado seis fiscalías anticorrupción y mantiene tres grandes frentes de investigación relacionados con la administración de Martinelli.
Uno de esos frentes, en el que hay 53 procesados, es el Plan de Ayuda Nacional (PAN), una institución gubernamental creada con el fin de atender situaciones de emergencia social, con potestad de realizar contrataciones directas, lo que supuestamente sirvió para desviar millonarios fondos de forma fraudulenta.
Los otros dos casos son el de las supuestas escuchas telefónicas realizadas ilegalmente y con fines persecutorios y de chantaje por el Consejo de Seguridad Nacional, y el de las comisiones ilegales pagadas a la empresa privada Cobranzas del Istmo, contratada por el Ministerio de Economía y Finanzas para reducir la morosidad tributaria.
Acusados. La mitad de los ministros que formaron el gabinete de Martinelli están acusados y sometidos a medidas cautelares por algunos de esos casos.
Actualmente, la Procuraduría administra “200 denuncias, 34 por cada una de las seis fiscalías” creadas para investigar los casos de “alto perfil”, es decir de funcionarios de alto nivel, como ministros, explica Porcell.
Según la procuradora, “la mayoría de los tipos penales por los que están siendo investigados los exfuncionarios entran en los delitos de peculado, cuyas penas son altas; sin embargo, también tenemos en nuestra ley una norma que da el derecho a todo aquel que colabora, que devuelve, que retribuye los dineros llevados, a una rebaja de la mitad de la pena”.
En el caso concreto de Martinelli, la procuradora subraya que no le corresponde actuar ni opinar porque, conforme a la legislación panameña, las actuaciones de un expresidente que puedan ser objeto de algún proceso penal son competencia de la Corte Suprema de Justicia.
“A su vez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus actuaciones, son competencia de la Asamblea Nacional, de manera que ellos se investigan y juzgan mutuamente”.
Esto fue lo que sucedió ayer, cuando el legislativo decidió mantener incautadas las cuentas del exmagistrado supremo Víctor Benavides y trasladar la investigación por corrupción en su contra al Ministerio Público.
A Benavides se le acusa de blanqueo de dinero, corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito. Le fueron decomisados $400.000. La Asamblea se declaró sin jurisdicción para juzgarlo porque el juez renunció a su cargo.
Benavides es el segundo miembro de la Corte Suprema de Panamá en ser procesado este año por corrupción, luego que en marzo fue condenado a cinco años de prisión su colega Alejandro Moncada Luna , por enriquecimiento ilícito.
